El año se cierra en Uruguay con muchas miradas del mundo dirigidas hacia el pequeño país sudamericano que se apresta a poner en vigor una audaz Ley de Control y Regulación de la Marihuana y sus derivados con el objetivo de quitarle mercado al narcotráfico.

Aunque persisten muchas dudas, incluso sobre su plena vigencia ante los anuncios de recursos por inconstitucionalidad, en el momento de su aprobación por el Senado el pasado 10 de diciembre se produjeron celebraciones y críticas casi por igual. Las felicitaciones llegan por el lado de quienes creen que hay que buscar alternativas a la guerra al narcotráfico, que mueve millones de dólares en el mercado negro y sigue costando miles de vidas al año, sin resultados tangibles.

A esa postura se sumaron nombres como los del chileno José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA); el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso; los magnates George Soros y David Rockefeller, y el diario británico «The Guardian», que calificó de «heroicos» a los legisladores uruguayos y llegó a proponerlos para el Premio Nobel de la Paz.

Las críticas apuntan a que el gobernante Frente Amplio maneja una teoría «nunca demostrada» de que ello va a disminuir el narcotráfico y aseguran que la iniciativa parte de premisas falsas, además de aportar soluciones «erradas y temerarias». En la región latinoamericana principalmente hay voces que reclaman la búsqueda de un consenso porque no creen que tenga éxito una medida unilateral y en solitario.

También se han escuchado opiniones neutras, respetuosas, que dan un voto de confianza a Uruguay con la esperanza que le vaya bien y que contribuya a reducir, al menos, el grave problema del narcotráfico internacional.

La nueva ley, que para algunos liberaliza el mercado y convierte a Uruguay en un territorio libre para el consumo de la marihuana, en realidad «autoriza la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes y otras sustancias», pero con ciertas condiciones y limitaciones.

Por ejemplo para «exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica» y con expresa autorización del Ministerio de Salud Pública.

El gobierno controlará todo el proceso, desde el cultivo hasta el consumidor, a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que llevará un registro como el que se emplea en la red de farmacias para distribuir otras drogas o medicamentos psicotrópicos controlados.

La nueva regulación dispone ahora un límite de «hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la recolección de la plantación precedente hasta un máximo de 480 gramos anuales» por persona.

También se autoriza la formación de clubes que «deberán tener un mínimo de quince y un máximo de cuarenta y cinco socios y podrán plantar hasta noventa y nueve plantas».

Habrá un sistema de licencias que otorgará el IRCCA, en principio, a la red de farmacias y también se fijan reglas para impulsar la educación contra las drogas desde la enseñanza primaria, la cobertura de salud para los adictos, la prohibición de vender marihuana a menores de 18 años o personas discapacitadas.

La marihuana no podrá ser prensada para su comercialización fuera del sistema legal, algo que estará castigado con penas de cárcel.

Desde que lanzó su idea, el presidente José Mujica insiste que «no se trata de que habrá fumo libre» de marihuana en su país y que hay que buscar alguna alternativa a la guerra que mata a miles de personas cada año. Por eso pide comprensión y ayuda del resto del mundo para su experimento, aunque admite que puede no tener éxito.

Aunque las autoridades creen que en el segundo semestre del 2014 podrán empezar a entregarse las primeras licencias, no hay certezas de su entrada en vigor el año entrante, porque la oposición reafirmó su intención de presentar recursos de inconstitucionalidad.

Si esos recursos prosperan entonces todo quedará como antes y será el nuevo gobierno, que asumirá el 1 de marzo del 2015, el que decidirá qué hacer con el tema.

El propio presidente Mujica ha dicho que no tiene problemas en dar marcha atrás y alimenta esas dudas al sostener públicamente que «los uruguayos no están plenamente preparados todavía» para asumir este desafío.