La falta de control sobre el sistema carcelario -que permite las operaciones delictivas dentro de las prisiones-, el desconocimiento de la legislación del Sistema Penitenciario (SP) por las autoridades de la institución y la situación crítica de un neuropsiquiátrico son algunos de los temas que resultaron tras la citación del director del SP, Eddy Morales, por el diputado independiente Oliverio García Rodas.
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Con investigaciones, entrevistas y documentación, García Rodas evidencia la falta de control y eficiencia en la administración del SP, uno de los eslabones más débiles en la cadena de la seguridad y la justicia.
La Hora: ¿Qué lectura hace después de la citación al director del Sistema Penitenciario, Eddy Morales?
Oliverio García Rodas: Enorme preocupación. Aquí no se trata si las personas han cometido un delito, o si las queremos calificar como delincuentes o no. Hay que cumplir con las leyes, respetar la Constitución Política. El director del Sistema Penitenciario en una reunión me dice que hay personas que han cumplido su condena y continúan presos, lo cual es una gravísima violación a todo principio de legalidad en materia de seguridad y justicia. Me dice claro que es una responsabilidad de él, que hay personas que están detenidas con más de tres y cuatro años, sin que se les haya dictado una sentencia.
LH: ¿Qué preocupación genera el hecho de que 90 personas permanecen detenidas a causa de faltas menores en los centros de prisión?
OGR: El catálogo de faltas en el Código Penal es tan amplio y se interpreta de una manera tan relajada, que permite que casi cualquier persona en cualquier momento sea detenida por la autoridad y argumente una falta flagrante y se le multe. La mayoría de casos es de gente de escasísimos recursos, quienes a raíz de quedar detenidos por una falta pierden su empleo. Eso nos va a obligar, de acuerdo al texto constitucional, a revisar el procedimiento de faltas.
LH: Esta situación ha ocurrido durante varios años y las autoridades al parecer, no conocen el problema a profundidad. ¿Qué piensa al respecto?
OGR: Sí se conoce el problema. Lo que sucede es que en Guatemala como son tantas las prioridades, entonces todo el mundo se pone a resolver todos los problemas y no arregla ninguno. Se va a abrir una investigación sobre cuatro temas esenciales: uno, las personas detenidas por faltas; dos, los reos sin condena; tres, los reos olvidados y cuatro, los reos a quienes se les aplica una medida de seguridad por deficiencias mentales u otras circunstancias y que son enviados al hospital neuropsiquiátrico. Las condiciones de ese centro de reclusión son espantosas, los reportes al día de hoy es que tienen siete semanas sin agua y son sometidos a condiciones infrahumanas. El informe va a ser un punto de partida.
LH: Usted destacó que en el Sistema de Presidios (SP) se está utilizando un reglamento de hace 40 años, al tiempo que está vigente una ley nueva de apenas cinco años. ¿Qué riesgos encuentra en este desfase legislativo?
OGR: El problema es que la nueva ley penitenciaria establece un sistema progresivo para el tratamiento de los reos. Los mecanismos y procedimientos para la aplicación de esa ley no deben dejarse a criterio y arbitrariedad de los que administran los centros de detención o prisión; la forma de hacerlo es institucional con reglas claras. Al no existir ese reglamento siguen aplicando prácticas, a veces poco convenientes, basadas en reglamentos obsoletos o en disposiciones internas que no devienen de ningún tipo de regulación legal.
LH: La ignorancia -o supuesta ignorancia- de las autoridades del SP sobre la ley y el orden que debería prevalecer tras la legislación aprobada en el 2006. ¿Qué evidencia?
OGR: Que en Guatemala no estamos cumpliendo con el precepto constitucional de un sistema penitenciario, sino un sistema carcelario, inquisitivo, de castigos, pero que dista mucho de ser un sistema que permita devolver personas reformadas a la sociedad.
LH: En Presidios se quejan ante la supuesta falta de presupuesto, pero usted sostiene que los problemas de la institución no son del todo financieros. ¿De qué, entonces?
OGR: Todos los funcionarios de gobierno desde hace tiempo, no sólo en este Gobierno, pareciera que van a la misma escuela de excusas y la primera que les enseñan es a quejarse que no tienen presupuesto. En un país que tiene tantas carencias económicas y tantas prioridades como Guatemala, hay una sola estrategia: hacer lo que se pueda con lo que se tenga, eso significa calidad del gasto público, evitar lo superfluo y dedicarse a lo importante.
LH: Usted hizo la salvedad que no está defendiendo delincuentes, pero existen abusos contra los privados de libertad. ¿Corre riesgo el país de alguna sanción por estar violando derechos humanos fundamentales en el SP?
OGR: Si se llegara a comprobar cualquiera de todos estos temas en el sistema de derechos humanos y en el sistema de seguridad internacional, se nos va a ver como un país retrógrado que no se preocupa del concepto del Estado de Derecho, sino que simplemente tiene la democracia como un simulacro de vida.
LH: Tenemos ejemplo en la administración ejecutiva de la Gran Alianza Nacional donde los reos en Pavón, por ejemplo, tenían una ciudad propia adentro, con sus propias reglas ¿Cómo falló entonces la autoridad del SP? ¿Sigue fallando?
OGR: Es un problema de muchas administraciones. No sólo durante el gobierno de la Gana, sino anteriormente los reos tenían prácticamente una ciudad privada con muchos privilegios dentro de Pavón, granja penal Canadá y Cantel. Cuando un reo tiene la capacidad de montar una cantina y vende alcohol y cigarrillos y quién sabe qué cosas más dentro de un centro penitenciario, quién no puede decir que el sistema no está fallando.
LH: ¿Qué hay que hacer para corregir el rumbo de la administración de Presidios?
OGR: Que cada persona dentro de la administración de presidios cumpla a cabalidad y haga de manera responsable su trabajo. El que no quiera que renuncie y vaya a buscar otro puesto.