Todos golpistas


«El gobierno de facto de Honduras deberí­a revocar de inmediato el decreto de Emergencia que restringe severamente la libertad de prensa».

Human Rights Watch

Hasta el momento, ni desgarramiento de vestiduras ni ceniza en la cabeza de quienes han «defendido» en otras oportunidades y en otras latitudes la libertad de expresión. No existe tampoco algún pronunciamiento de condena sino más bien llamados al «diálogo» y la «concordia» para aceptar como legí­timo lo que no puede llamarse de otra manera: golpe de Estado. Esto es, sin duda, lo que ha sucedido en Honduras.

Ricardo Ernesto Marroquí­n
ricardomarroquin@gmail.com

Tampoco que nos vengan con el cuento y el intento de llamarlo «gobierno interino»; es un gobierno, pero de facto, con un presidente de facto y con un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la población hondureña desde el pasado 28 de junio, cuando los militares, al mejor estilo de la década de 1980, movidos por intereses de los sectores más conservadores, sacaron a punta de pistola al presidente Manuel Zelaya del paí­s.

Tan de facto es, tan ilegí­timo, tan violento y tan represor el gobierno liderado por Roberto Micheletti en Honduras, que luego de sitiar y emboscar la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra Zelaya, ha prohibido pensar diferente y, no saciado con la represión en contra de la población que rechaza las acciones golpistas, ha decretado un estado de Sitio por 45 dí­as.

Micheletti y quienes le apoyan quieren un paí­s muerto para gobernar: han restringido la libertad de expresión y circulación, han prohibido las reuniones públicas no autorizadas y han facultado a las fuerzas policiales y militares para arremeter contra toda persona que ponga en peligro la vida de los demás.

Es sorprendente que los «libertarios» guatemaltecos, aún con estas medidas represivas, sigan empecinados en identificar como «ejemplo de dignidad» las acciones golpistas de Micheletti. ¿Debemos considerar ahora un ejemplo de «dignidad» cerrar dos medios de comunicación -Radio Globo y Canal 36-, únicamente porque no se constituyeron como voceros del gobierno de facto?

Y como cualquier argumento les parece válido para ganarse el apoyo de la población, ahora resulta que lo sucedido en Honduras es un «zelayazo» muy parecido al «serranazo» guatemalteco de 1993, y el golpe y expulsión realizados por los militares contra Zelaya con ofrecimiento de varias onzas de plomo en la cabeza, no es más que una «deposición y exilio». ¡Qué linda manera de intentar hacernos pensar que lo blanco es negro!

Ahora resulta que después de dar el golpe de Estado y expulsar a Zelaya de Honduras, de prohibirle la entrada por tierra y aire, exigen que salga de la Embajada de Brasil para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia. Si los golpistas están tan seguros que el presidente hondureño cometió un delito, ¿por qué no respetaron el debido proceso y lo presentaron ante los tribunales de justicia? ¿Por qué eligieron utilizar la fuerza militar y el esquema de los golpes de las dictaduras patrocinados por la derecha más derecha? El esquema de la democracia que nos ofrecieron les ha fallado y ahora no les queda más que proponer acciones que nos remiten a un pasado oscuro de la historia latinoamericana.

El sistema está en peligro con tan mal ejemplo de Roberto Micheletti y al grupo que representa. ¿Podemos esperar respeto por la decisión de la ciudadaní­a a través del voto si Micheletti se empecina en no devolver el lugar que le arrebató a Zelaya hace más de 90 dí­as?

En Guatemala, quienes apoyan al golpe no han tenido ningún empacho en retratarse de cuerpo entero a través de acciones concretas a favor del gobierno de facto de Micheletti. Incluso, representantes de varias agrupaciones polí­ticas y posibles candidatos a puestos de elección popular, han sugerido que «Zelaya deberí­a pensar en su paí­s y aceptar la propuesta de renunciar, para darle oportunidad de rescatar su democracia». ¿Qué tal? Proponen ignorar la voluntad de la ciudadaní­a hondureña que votó por Manuel Zelaya e invitan a reconocer la acción de militares que actuaron a favor de los intereses de una minorí­a que considera que la democracia está bien, pero únicamente cuando es afí­n a sus intereses y garantiza sus beneficios.