«El gobierno de facto de Honduras debería revocar de inmediato el decreto de Emergencia que restringe severamente la libertad de prensa».
Human Rights Watch
Hasta el momento, ni desgarramiento de vestiduras ni ceniza en la cabeza de quienes han «defendido» en otras oportunidades y en otras latitudes la libertad de expresión. No existe tampoco algún pronunciamiento de condena sino más bien llamados al «diálogo» y la «concordia» para aceptar como legítimo lo que no puede llamarse de otra manera: golpe de Estado. Esto es, sin duda, lo que ha sucedido en Honduras.
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Tampoco que nos vengan con el cuento y el intento de llamarlo «gobierno interino»; es un gobierno, pero de facto, con un presidente de facto y con un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la población hondureña desde el pasado 28 de junio, cuando los militares, al mejor estilo de la década de 1980, movidos por intereses de los sectores más conservadores, sacaron a punta de pistola al presidente Manuel Zelaya del país.
Tan de facto es, tan ilegítimo, tan violento y tan represor el gobierno liderado por Roberto Micheletti en Honduras, que luego de sitiar y emboscar la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra Zelaya, ha prohibido pensar diferente y, no saciado con la represión en contra de la población que rechaza las acciones golpistas, ha decretado un estado de Sitio por 45 días.
Micheletti y quienes le apoyan quieren un país muerto para gobernar: han restringido la libertad de expresión y circulación, han prohibido las reuniones públicas no autorizadas y han facultado a las fuerzas policiales y militares para arremeter contra toda persona que ponga en peligro la vida de los demás.
Es sorprendente que los «libertarios» guatemaltecos, aún con estas medidas represivas, sigan empecinados en identificar como «ejemplo de dignidad» las acciones golpistas de Micheletti. ¿Debemos considerar ahora un ejemplo de «dignidad» cerrar dos medios de comunicación -Radio Globo y Canal 36-, únicamente porque no se constituyeron como voceros del gobierno de facto?
Y como cualquier argumento les parece válido para ganarse el apoyo de la población, ahora resulta que lo sucedido en Honduras es un «zelayazo» muy parecido al «serranazo» guatemalteco de 1993, y el golpe y expulsión realizados por los militares contra Zelaya con ofrecimiento de varias onzas de plomo en la cabeza, no es más que una «deposición y exilio». ¡Qué linda manera de intentar hacernos pensar que lo blanco es negro!
Ahora resulta que después de dar el golpe de Estado y expulsar a Zelaya de Honduras, de prohibirle la entrada por tierra y aire, exigen que salga de la Embajada de Brasil para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia. Si los golpistas están tan seguros que el presidente hondureño cometió un delito, ¿por qué no respetaron el debido proceso y lo presentaron ante los tribunales de justicia? ¿Por qué eligieron utilizar la fuerza militar y el esquema de los golpes de las dictaduras patrocinados por la derecha más derecha? El esquema de la democracia que nos ofrecieron les ha fallado y ahora no les queda más que proponer acciones que nos remiten a un pasado oscuro de la historia latinoamericana.
El sistema está en peligro con tan mal ejemplo de Roberto Micheletti y al grupo que representa. ¿Podemos esperar respeto por la decisión de la ciudadanía a través del voto si Micheletti se empecina en no devolver el lugar que le arrebató a Zelaya hace más de 90 días?
En Guatemala, quienes apoyan al golpe no han tenido ningún empacho en retratarse de cuerpo entero a través de acciones concretas a favor del gobierno de facto de Micheletti. Incluso, representantes de varias agrupaciones políticas y posibles candidatos a puestos de elección popular, han sugerido que «Zelaya debería pensar en su país y aceptar la propuesta de renunciar, para darle oportunidad de rescatar su democracia». ¿Qué tal? Proponen ignorar la voluntad de la ciudadanía hondureña que votó por Manuel Zelaya e invitan a reconocer la acción de militares que actuaron a favor de los intereses de una minoría que considera que la democracia está bien, pero únicamente cuando es afín a sus intereses y garantiza sus beneficios.