Tras la destitución del Director del Diario de Centro América se estableció que el mismo día en que fue removido del cargo hizo una compra de papel por más de once millones de quetzales, adquiriendo el producto a un precio superior al de mercado y en una cantidad que abastece al medio de comunicación oficial por varios años. La libra de papel importada directamente tiene un valor de menos de tres quetzales, mientras que el exdirector del diario oficial compró dos millones de libras a más de Q5.50, es decir casi al doble del valor real.

El problema de los contratos del Estado es que todo se hace con apariencia de legalidad, porque formalmente se cuidan de llenar los requisitos para no dejar resquicios que permitan deducir responsabilidades. Prácticamente todo lo que construye o compra el Estado tiene sobreprecio porque así es como se opera en el sector público y al final de cuentas son los contribuyentes los que pagan el valor de las mordidas y comisiones que se reparten entre funcionarios públicos.
 
 Si se hace una auditoría en la compra, se podrá ver casi seguramente que se llenaron los requisitos formales de la ley y nuestra inútil Contraloría de Cuentas simplemente certificará que todo es legal.  Y puede ser legal, pero lo que nadie le quita a este negocio es el enorme trinquete que le tiene que haber dejado al funcionario que hizo la compra una comisión mucho más fuerte que el módico diez por ciento que se considera como normal entre los servidores públicos.
 Lo importante es ver que en condiciones de mercado, el Diario de Centro América pudo comprar ese papel en 5.6 millones de quetzales y terminó pagando a una empresa local la suma de Q11 millones. Que conste que no es el único negocio realizado por esa empresa y valdría la pena que las auditorías que ahora anuncia el Ministerio de Gobernación, se extendieran a todas las otras operaciones.
 
 Lo más seguro, sin embargo, es que todo termine avalado por esa apariencia de legalidad que se le da a los negocios públicos y no debiera sorprendernos que la mordida o comisión haya sido repartida en distintas esferas y por lo tanto en poco tiempo pase al olvido la cuestión de la compra de papel. Así es como generalmente se opera porque ya hay un camino marcado, un mecanismo reconocido en el marco de la impunidad y quienes firmaron el contrato podrán gozar tranquilamente de la mordida correspondiente. Así es nuestra Guatemala y ya verá el lector que por esa compra anómala, nadie irá a la cárcel.

Minutero:
Los robos por corrupción
 siguen a la orden del día
 dañando a la población
 que ya en nadie confía