De acuerdo con el procedimiento legal para nombrar al Fiscal y al Consejo del Ministerio Público, son los miembros de la Comisión de Postulación quienes deben preparar una lista de la cual debe salir, por fuerza, el nuevo funcionario a cargo de dirigir la acción penal en Guatemala. Eso significa que el presidente Colom, en ejercicio de sus facultades regladas, tendrá que escoger a uno de los postulados para el cargo y, por supuesto, va a escoger a quien le parezca más afí­n, más confiable y con quien él crea que puede trabajar mejor. Serí­a absurdo esperar que cualquier gobernante elija a un adversario, a un fiscal que pueda convertirse en una piedra en el zapato y por ello es que el trabajo de las comisiones de Postulación es tan importante, porque la designación de un buen fiscal depende de qué tan bueno haya sido el trabajo de esa comisión. Con un abogado al servicio de la impunidad que se cuele en la lista y que sea del agrado del Presidente de turno, se arruinó todo el proceso porque en esas condiciones hay que dar por sentado que la designación será justamente a favor de esa persona que goza del respaldo presidencial. Por ello es que en esta ocasión, cuando estamos seguros de que hay tanto en juego porque se ha desnudado la estructura de impunidad que prevalece en el paí­s y se toma conciencia de las serias implicaciones de ese mal, la responsabilidad de los decanos de las facultades de Derecho, del Presidente del Colegio de Abogados y de su Tribunal de Honor, así­ como del Presidente de la Corte Suprema de Justicia es fundamental. Pero como ya estamos acostumbrados a ver muertos acarreando basura, hay que exigir que la Comisión conduzca audiencias públicas para entrevistar a los candidatos, a fin de que la ciudadaní­a tenga participación en este proceso de tanta trascendencia. Tenemos que entender que todo esto se enmarca ya en el ajetreo polí­tico electoral que se avecina y que los intereses polí­ticos tendrán mucho que ver a la hora de elaborar la lista de los postulados. Pero aunque uno peque de ingenuo, hay que hacer un llamado a los miembros de la Comisión y al mismo Presidente de la República para recordarles lo que está en juego desde el punto de vista de la institucionalidad y de la búsqueda de justicia en nuestro paí­s. No existen muchas razones para ser optimista y pensar que se hará una elección pensando en Guatemala y no en los intereses particulares de los postuladores y del mismo Presidente de la República. Por ello es que insisto en la importancia de las audiencias públicas y en el papel de la sociedad para lograr, cuando menos, un paso adelante en una lucha que se sigue pintando difí­cil.