Hoy se publican unas declaraciones del futuro presidente del Congreso, Pedro Muadi, en las que critica al dirigente campesino Daniel Pascual al que acusa de intransigencia porque éste dijo que luego de tanta negociación y de haber cedido abundantemente en sus pretensiones iniciales, no se puede aceptar que ahora vengan a querer modificar los acuerdos alcanzados y que si eso pasa, habrá conflicto. Muadi dice que esa “intransigencia” es inaceptable y que él no está dispuesto a tratar con gente radical que puede provocar enfrentamientos.

Con respecto a quién es intransigente hay que decir que todo depende del cristal con que se miren las cosas. La propuesta inicial de la ley de desarrollo rural era mucho más radical y tajante, pero a lo largo de prolongadas negociaciones, se logró un acuerdo que redujo en mucho las pretensiones de los grupos campesinos y estos consideran que cedieron lo que podían ceder. Así es como se llega al momento en que se plantea al pleno del Congreso la necesidad de aprobar la ley debidamente consensuada, pero resulta que tras esas agotadoras jornadas de negociación, surge una parte del sector empresarial que tajantemente dice que no acepta lo que se acordó y en esa sintonía parece estar el señor Muadi, como empresario, al decir que todavía hay que hacerle “varias” modificaciones a la iniciativa.
 
 Estoy seguro que desde el punto de vista de los campesinos, el intransigente es el sector privado que no acepta los acuerdos que ya se alcanzaron. Desde el punto de vista del señor Muadi y los empresarios, si los campesinos ya cedieron bastante tienen que continuar haciéndolo so pena de que sean calificados de intransigentes e intolerantes.
 
 Pienso que el respeto a los acuerdos alcanzados es punto fundamental para no generar más conflictos en el país, pero si las autoridades no honran los acuerdos que se suscriben y se respeta el producto del diálogo responsable y maduro que ha habido, no puede pretenderse que haya paz y concordia. No es posible que a un sector se le exija que reduzca sus pretensiones a lo ínfimo mientras que los otros sectores no ceden absolutamente nada sino que se engallan y cada vez endurecen más sus posiciones, como está ocurriendo con la famosa ley de desarrollo rural que ha tenido un largo proceso en la búsqueda de consensos y que posiblemente constituya una de las mejores muestras de madurez cívica en la discusión de los temas de fondo de la estructura social del país.
 
 En otras palabras, estamos frente a una situación muy compleja en la que se nota una excesiva arrogancia para calificar el esfuerzo de quienes participaron en el diálogo y la negociación que permitió elaborar una iniciativa de ley moderada a la luz de nuestra realidad. Se entiende que el Presidente electo del Congreso de la República tenga que actuar de acuerdo a sus bases políticas, es decir, respondiendo al empresariado que lo colocó como candidato a diputado en el listado del Partido Patriota, pero hay que recordar que el mismo presidente Pérez Molina, líder natural de esa formación política, ha dado el beneplácito para la aprobación de la ley de desarrollo rural. Y ello porque en su gobierno hay gente que entiende los alcances de la norma y lo que costó el acuerdo final entre las partes para que en una negociación que al final de cuentas obligó a ceder mucho desde las pretensiones originales, se pudiera alcanzar el consenso.
 
 Si para don Pedro Muadi la postura de Pascual es radical e intransigente, para los campesinos la del político representante del empresariado es un aferrarse al pasado en el que la palabra de los caciques de la iniciativa privada era al final la ley.