Hace cuatro años, la población de Guatemala esperaba ansiosa el establecimiento de un nuevo gobierno electo como muestra de repudio al régimen de Alfonso Portillo pintado como el más corrupto de la historia del país. Al margen de que en eso de la corrupción sea tan difícil decidir quién o quiénes han sido peores, lo cierto del caso es que nunca antes la población había recibido tanta información sobre anomalías en la administración del dinero del Estado y nunca había existido tanta conciencia de lo que significa la corrupción. El sentido común indica que Berger fue electo con el claro mandato de corregir el problema y de implementar acciones de probidad en el desempeño de las funciones públicas.
Y todo cambió el 14 de enero, pero cambió para que nada cambiara. Porque desde ese momento hubo un cambio de actitud de los sectores más críticos en el tema de la corrupción y evidentemente se sustituyó el exigente rasero utilizado para el gobierno que se iba, aplicando uno mucho más disperso y ralo para el que entraba. La idea de que los empresarios no tienen necesidad de robar fue suficiente para trasladar a la población un sentimiento de confianza en que este gobierno era mucho más confiable que el anterior y por lo tanto hubo un cambio de caras que tranquilizó a la ciudadanía.
Cambiaron las caras, pero nada cambió en el fondo, porque las estructuras administrativas siguieron intactas. Hoy no es aventurado decir que si llegara un gobierno como el de Portillo, podría hacer exactamente las mismas cosas que se hicieron entonces porque el diseño de la gestión pública permanece idéntico al que encontró el ahora exiliado en México.
La Hora siempre sostuvo que el mandato popular era para cambiar el sistema e introducir elementos que impidieran en el futuro la comisión de actos de corrupción. Para ello había que modificar las normas relativas a las compras y contrataciones, además de las relacionadas con la Contraloría de Cuentas y sus funciones de fiscalización. Todo siguió igual y prueba de ello es que se recurrió nuevamente a los fideicomisos, como el del Seguro Social, para administrar fondos públicos y se contrató a entidades internacionales para que realizaran el gasto a fin de que la inmunidad fuera coraza para evitar la fiscalización. Y por si ello no fuera suficiente, el secreto de los gastos militares siguió sirviendo para encubrir el uso de gastos confidenciales que nuestra Constitución no permite. Herencia que los gobernantes tienen que agradecerle a Ramiro de León Carpio quien recurrió a esa práctica desde que fue aprobada la reforma constitucional.
En fin, hace cuatro años todo cambió, pero para que nada cambiara. Y Colom encuentra intacta la estructura que encontró en su momento Portillo.