El tema de la impunidad en Guatemala vuelve a cobrar relieve por la decisión de Alfonso Portillo de desistir de todos los recursos contra la extradición y con la medida sustitutiva que le fuera otorgada ayer mismo. Pero obviamente tenemos que verlo en su justa dimensión y perspectiva, porque necesario sería que Portillo respondiera legalmente por los señalamientos de corrupción en su contra, pero lo mismo tendría que hacerse en los casos de otros mandatarios que también se enriquecieron en el ejercicio del poder.
No hay que ser adivino ni un gran analista para darse cuenta que Portillo hizo sus arreglos antes de regresar y volvió cuando tenía la certeza de que no sería enviado al Preventivo de la zona 18. En ese sentido, volvió cuando todo estaba ya arreglado para superar el problema legal en su contra aprovechando las fallas de nuestra legislación que no tienen tipificación para ningún delito de corrupción cometido por los mandatarios. Siempre dijimos que el Ministerio Público, con tal de ejercer presión, se sacó de la manga el delito de Peculado, sabiendo que el Presidente de la República no es cuentadante y por lo tanto nada de lo que pueda haber hecho alguno de ellos encuadra en la tipificación de ese delito en particular.
Portillo se enriqueció como se han enriquecido todos los presidentes de Guatemala, es decir, embolsándose los fondos confidenciales que antaño salían de una partida específica y que posteriormente pasaron a ser parte del presupuesto militar por aquello del secreto de Estado. Por supuesto que ese enriquecimiento es ilícito y debería ser perseguido, pero no hay en el Código Penal norma que lo defina como delito.
Creemos que el crimen mayor cometido por Portillo fue su vínculo con grupos paralelos del crimen organizado a los que fortaleció y protegió hasta entregarles virtualmente el control del país, pero al respecto poco se dice y menos se puede hacer porque, vuelta otra vez, no hay forma de probar su complicidad con esos grupos criminales. De hecho, sostenemos que aquellas acciones que puedan haber sido positivas en su mandato, quedan borradas por su estrechísima relación con esos grupos de delincuentes.
Y por enésima vez tenemos que decir que este país se ha ido construyendo lentamente pero sin pausa como el paraíso de la impunidad y lo vemos no sólo con el caso Portillo, sino con los de todos sus colegas que fueron presidentes y no digamos con las otras palancas de poderes fácticos existentes en Guatemala que, desde la sombra del poder económico o del crimen organizado, ejercen control sobre los instrumentos de justicia.