Diversos criterios se conjuntan hoy en día en alusión a la decisión del nuevo gobierno que trata de consensuar la reforma fiscal o pacto social. Tanto internos como externos flotan en el ambiente en sentido favorable y adverso. Tienen protagonismo manifiesto alrededor del tema calificado de candente por unos y otros a la vez, en medio de grandes expectativas.
Reacciones inmediatas propugnan, visto está, por el logro de dicha coyuntura, misma existente pero lejana de aprobación por sucesivas administraciones. Por consiguiente, ahora vuelve al escenario precedida tal medida gubernamental de sumo interés e intencionalidad con ahínco, pulso firme y optimismo, en virtud que también encontró las arcas del todo vacías.
Es obvio, nadie emprende obras atinentes a su plan respectivo, cuando existe de antemano; frecuente resulta la carencia del mismo, piedra angular administrativa fijada como una especie de agenda nacional. Sin fondos nada es posible llevar a feliz término, pese a exigencias y reclamos del electorado y población en general, a veces desbordados por nerviosismo recalcitrante.
Cuando el presente artículo sea publicado, tengo la seguridad que esa reforma aludida tuvo éxito en el seno del Organismo Legislativo. No por obra de magia dentro del trajín cotidiano repleto de sorpresas agradables y desagradables. Es de suponer, meras conjeturas, se hizo una concreción a favor del mecanismo orientado a allanar el camino tortuoso a emprender en volandas.
De por medio estuvieron acercamientos de bancadas y jefes correspondientes; reuniones también con grupos que representan opiniones de trascendencia. Por ejemplo: Cámaras conformantes del poder económico; directores de medios de comunicación social, Conferencia Episcopal de Guatemala, etcétera. Nada de rajatablas de última hora, motivo de desavenencia después.
Debido a las implicaciones que significa su cobertura nacional, creemos hubo intercambios ineludibles en tal sentido. Sin embargo, eso no impide el hecho que a posteriori vengan señalamientos, a veces confusos, válidos y merecedores asimismo de ajustes, enmiendas al momento que sea el Congreso el ejecutor final. Que exista oposición no será nada extraño.
Por sabido se calla que el acto tributario nunca jamás es bienvenido, por algo el nombre non grato de impuestos; vale decir, a la fuerza, ni el chocolate es bueno. Razones o sinrazones abundan a propósito; como mecanismo de defensa el contribuyente, digan lo que digan, pugna por una exoneración a favor. Actualmente apabullados por problemática general, todos nos oponemos.
Sin embargo, frase eterna viene a ser asimismo que nuestro país es de los pocos que pagamos menos tributos en la América Latina. Situación de verdad que tampoco asegura un estancamiento de por vida. Todo proyecto gubernamental será sobre la base de dinero en las arcas. Eso sí, visible fácilmente la transparencia sin excusas ni pretextos, junto a la austeridad.
Los benevolentes lectores, seguramente se preguntarán ¿qué pasó con el encabezamiento de esta nota? Tantas disquisiciones formuladas sirvieron de motivación relativa al caso. Pues bien, pese al final, aludo al tema principal, sobreentendido viene a ser. La teoría consistente ante el incremento impositivo en ciernes será una mayor alza de precios.
No valen, tampoco convencen declaraciones oficiales en defensa de rigor. En nuestro ambiente de sobra sabido resulta ser que los precios de productos, bienes y servicios se dispararán como consecuencia del asunto polémico. Experiencias lo demuestran hasta la saciedad, cómo pronto las expectativas enseguida operan alzas ingratas, una piedra en el zapato.
Por supuesto nada más aprobada la defensa fiscal que significa quema de pestañas por parte de sus impulsores, sobreviene el aluvión económico tremendo. Luego entonces los efectos a los impuestos imposibles los absorban; jamás será realidad, lo cargan al consumidor final y se acabó.