Las autoridades dicen que fue un robo que acabó mal pero el sangriento enfrentamiento entre la policía y un grupo armado en un pueblo del norte del país ha hecho que los nicaragüenses se pregunten si se están formando grupos guerrilleros para enfrentarse al presidente Daniel Ortega, quien impulsa un cambio constitucional que le permita buscar una tercera reelección.
Los rumores de actividad insurgente han estado circulando, pero se incrementaron cuando se anunció que 10 personas murieron y dos quedaron heridas en un enfrentamiento a tiros el miércoles en el pueblo de Ayapal, cerca de la frontera norte con Honduras.
Las autoridades dijeron que el tiroteo se presentó cuando los hombres armados trataron de robar una tienda; la jefa de gabinete de Ortega, Ana Isabel Morales, los calificó como «criminales»
Muchos pusieron en duda esa explicación, entre ellos, el grupo de defensores de derechos humanos más importante del país, un antiguo aliado de Ortega y un obispo de la iglesia católica, quienes dijeron que el enfrentamiento es evidencia de actividad insurgente sobre la que desde hace tiempo corren rumores.
«No podemos aceptar que hubo 10 muertes en un intento de asalto en un pueblo pequeño. Es ilógico», dijo Roberto Petray, director de la Asociación Nacional de Derechos Humanos.
Dijo que en el enfrentamiento participaron 12 personas lideradas por un guerrillero al que se conoce como «El Flaco». El grupo «trataba de apoderarse del puesto de policía del pueblo pero al parecer alguien le avisó a la policía y ellos abrieron fuego al entrar al pueblo».
El obispo Juan Abelardo Mata, de la provincia de Estelí, presuntamente ha estado en contacto con un grupo guerrillero. Dijo que ha tratado de advertir al gobierno sobre un probable brote de violencia a menos que se resuelva la situación de pobreza e injusticia que afecta a los nicaragüenses.
«Hay gente armada que está descontenta con el gobierno», dijo Mata. «Hemos estado advirtiendo esto sin encontrar ningún oído receptivo».
La posibilidad de que se esté formando una guerrilla despierta recuerdos dolorosos en Nicaragua donde muchos tienen presente la actividad de los Contras, apoyados por Estados Unidos, quienes durante los 80 enfrentaron al gobierno de izquierda encabezado por Ortega hasta que éste perdió unas elecciones.
Después de casi dos décadas fuera del poder, Ortega regresó a la presidencia en 2007. Ahora trata de cambiar la constitución para competir por tercera vez lo que aumenta las críticas de que ha gobernado como un autócrata.
Los detalles del tiroteo del miércoles en una zona apartada son escasos pero los rumores de que hay movimientos guerrilleros están corriendo desde hace meses. No está claro si el objetivo de las presuntas guerrillas es derrocar a Ortega o sólo provocar cambios.
Petray dijo que ha estado siguiendo la actividad de grupos armados en las montañas del norte, en especial la de un grupo formado por Gerardo Gutiérrez, conocido como «El Flaco», quien fue soldado de la Contra. El 18 de julio Gutiérrez participó en un tiroteo con una patrulla del ejército en el pueblo de Tamalaque, en el que murió el coronel José Dolores Hernández Palacios.
Ana María Vigil, presidenta del Movimiento Sandinista de Renovación, que se separó de los sandinistas originales en 1995, dijo que lamenta el aparente regreso de la guerrilla como una expresión política.
«Es mentira que no exista como dicen la policía y el ejército, o que no tienen motivación política», dijo Vigil. «Se trata de campesinos que creen que se violan sus derechos y han retomado las armas. Otra vez se cree que con las armas se pueden solucionar los problemas».
Vigil dijo que ese sentimiento puede facilitar que los cárteles de las drogas recluten simpatizantes para usar la costa del caribe nicaragüense para transportar cocaína y otros narcóticos a Estados Unidos.
La presunta actividad guerrillera parece tener lugar en las mismas partes del centro y norte de Nicaragua donde los Contras tenían su base de operación en los 80. Los nuevos grupos son de entre 10 y 15 integrantes, dijo Petray.
Los líderes rebeldes José Garmendia, conocido como «Yajob» y Santo Joyas, alias «Black Pablo» acusaron al gobierno en medios locales de no respetar la ley, falta de transparencia electoral y por no haber distribuido suficientes credenciales para votar.
Tanto Garmendia como Joyas murieron en circunstancias misteriosas. La policía y el ejército no han aclarado qué papel jugaron en sus muertes.