Guatemala es un paí­s que mantiene un sistema de tenencia de la tierra que limita el desarrollo de la población pobre e indí­gena, principalmente.

El Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria exige la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural como tareas fundamentales e ineludibles del Estado guatemalteco, para buscar solución situación de la mayorí­a de la población que habita el área rural.

Entre las principales exigencias del acuerdo está la transformación de la estructura de tenencia y uso de la tierra, a través de la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y polí­tico. Uno de los principales pasos para lograr este cometido, es la creación de una Ley, que promueva el desarrollo rural integral.

Varias propuestas

Desde que se inicia la discusión sobre el tema, entre el 2000 y 2002, se han creado varias propuestas de iniciativas de ley, desde organizaciones campesinas, sector privado, desde el mismo gobierno y más recientemente desde el sector de mujeres.

De acuerdo con Juan Ramón Ruiz, director ejecutivo del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), la entidad ha conocido desde 2005, cuando fue constituido, todas estas propuestas. La labor que le corresponde en ese contexto es el de analizarlas y emitir una opinión fundamentada en los Acuerdos de Paz, para la aprobación de la Ley.

Sandra Morán, subcoordinadora del CNAP y representante del sector de mujeres, advierte que la mayorí­a de las propuestas se centran «en la institucionalidad, en los servicios e inversión, desde un punto de vista empresarial que se enmarca en la creación de megaproyectos, que no precisamente benefician a las comunidades».

A su criterio, la propuesta de las comunidades campesinas e indí­genas es mucho más amplia. También cree importante el reciente planteamiento que hicieron las organizaciones de mujeres, ya que este grupo poblacional continúa invisibilizado en las anteriores iniciativas. «En esta propuesta se visibiliza a las mujeres como sujetas de la ley, no como madres o hijas, sino con un papel protagónico, que dignifique su participación».

Asimismo, Morán considera que hace falta discutir aspectos fundamentales como la conflictividad agraria, la mala distribución de la tierra, el acceso a este recurso por parte de la población campesina, así­ como los desalojos. «De no llegar a consensos sobre su inclusión en la Ley, el CNAP tiene la obligación de buscar que el mismo esté contemplado desde otra perspectiva, como en las polí­ticas públicas», sentencia.

Aprobación viable

El coordinador del CNAP, Ferdy Berganza, ponente de una de las propuestas de Ley sobre Desarrollo Rural Integral, asegura que la misma serí­a presentada al pleno del Congreso de la República la segunda semana de julio, cuando los diputados vuelvan del receso de medio año..

Según Berganza, quien también es segundo vicepresidente de la junta directiva del Congreso, «es una ley que va a pasar fácil, porque fue el discurso de la mayorí­a de los partidos polí­ticos en campaña».