En momentos en los que la campaña propagandística del Gobierno llama a la solidaridad, pareciera ser que las acciones impulsadas desde la Presidencia de la República van en una dirección contraria.
Las denuncias de corrupción en la administración pública, el tráfico de influencias, el alto costo de la vida y la escalada de violencia han marcado en las últimas semanas el acontecer nacional, pese a los esfuerzos que las autoridades gubernamentales realizan para detener esos flagelos.
Dos hechos han marcado a la opinión pública: la desaparición de los Q82.8 millones de los recursos del Congreso de la República y recientemente la denuncia planteada por el Presidente de la República, ílvaro Colom, de que junto a su esposa eran objeto de espionaje. Estos casos concentraron la atención de la población, mientras que la situación económica de los guatemaltecos se ve cada día más deteriorada.
De acuerdo con analistas, las medidas impulsadas por el Gobierno para tratar de enfrentar la crisis económica, producto de los elevados precios de los derivados del petróleo, no han surtido ningún efecto y mientras a nivel internacional los precios del crudo han cedido, Guatemala tiene los costos más altos de Centroamérica.
En los últimos años, Guatemala había sido uno de los países de Centroamérica donde se podía adquirir los derivados del petróleo a precios mucho más cómodos; sin embargo, ahora, el valor supera al de las distintas economías del área. Pese a ello, el Ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, señaló que no se puede lograr una rebaja porque en Guatemala se consume productos ya terminados.
Mientras la población percibe los efectos inflacionarios, el Gobierno se ha dado a la tarea de plantear acciones para hacerse de mucho más recursos que le permitan financiar la inversión, particularmente los programas de Cohesión Social que dirige la esposa del presidente ílvaro Colom. Para poder lograrlo, han presentado una serie de acciones a nivel legislativo, entre ellas una ampliación del Presupuesto, préstamos y más reciente la propuesta de Impuesto de Solidaridad (ISO) que viene a sustituir al Impuesto Extraordinario y Temporal para el Financiamiento de la Paz.
En estos momentos de alta carestía de precios, altos niveles de corrupción, violencia e impunidad, ¿será que el Gobierno es solidario con la población?, se preguntan algunos analistas. Las recientes capturas y entrega de delincuentes de cuello blanco, así como los procesos iniciados ya en contra de dos ex presidentes del Congreso constituye una prueba de fuego para la justicia que también está en «trapos de cucaracha».
Los procesos de antejuicio iniciados en contra de los diputados Eduardo Meyer y Rubén Darío están ya en su fase final. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir en los próximos días si levanta los antejuicios a los ex presidentes del Legislativo por su involucramiento del desvío millonario de fondos del Congreso. Sus abogados buscan retardar esa decisión por todos los medios posibles y revertir cualquier fallo en su contra para evitarles pasar unos días en el Centro Preventivo de la Zona 18.