En el agitado debate sobre la reforma sanitaria en Estados Unidos, los inmigrantes se han convertido en un testigo mudo, utilizado sin complejos para criticar o justificar los planes del presidente Barack Obama.
«Los inmigrantes ilegales no estarán cubiertos (por el nuevo sistema de salud). Esa idea nunca estuvo encima de la mesa», declaró Obama el pasado sábado en su discurso radial semanal.
El presidente estadounidense se refería al aspecto más controvertido del debate, que puede convertirlo en una victoria o derrota personal: la opción de crear un sistema de sanidad pública nacional.
En uno de los borradores en discusión, presentado en la Cámara de Representantes, se menciona claramente que «nada en este apartado permitirá el pago de subvenciones federales (…) a individuos que no residan legalmente en Estados Unidos».
Ese apartado, critica Robert Rector, experto en migración y temas sanitarios de la conservadora Fundación Heritage, no implica en realidad ningún control.
El proyecto de ley no exige aplicar un programa federal de control de identidad para los extranjeros, conocido como SAVE.
«Es algo sin precedentes en el sistema sanitario estadounidense, básicamente: «usted no tiene derechos, pero tampoco vamos a comprobarlo»», criticó Rector en un reciente debate organizado en Washington.
Los inmigrantes con menos de cinco años de residencia legal en Estados Unidos no tienen acceso a los dos únicos programas públicos de sanidad, Medicaid (para los pobres) o Medicare (para la tercera edad).
De los más de 45 millones de personas sin cobertura médica en Estados Unidos, un tercio son inmigrantes.
Las acusaciones de que los indocumentados serán los principales beneficiarios de la reforma sanitaria han aparecido regularmente en las asambleas populares que han organizado durante el mes de agosto los congresistas para explicar su postura ante el plan.
Sin embargo, la realidad es que los inmigrantes, ilegales o no, acuden con mucha menos frecuencia a los hospitales que los ciudadanos nativos, y además gastan menos en cobertura médica.
«Los gastos médicos brutos de los inmigrantes fueron aproximadamente entre la mitad y dos tercios de los gastos de los ciudadanos estadounidenses, incluso cuando los inmigrantes estaban totalmente asegurados», según datos de 2003 analizados por Ku Leighton, un experto en reforma sanitaria que publicó sus resultados en la revista American Journal of Public Health.
Las causas son variadas, pero la juventud y el mejor estado de salud de los inmigrantes son las predominantes. Entre los ilegales (unos 12 millones), es principalmente el miedo a ser detectados, dice este experto.
Una reforma que contenga un plan público de sanidad no provocaría mucha diferencia entre los inmigrantes.
«La verdad es que los nuevos inmigrantes ilegales no disponen de ningún subsidio que los vaya a ayudar a pagarse un seguro médico», explicó.
En 2006 y 2007, los servicios sanitarios en Estados Unidos (desde hospitales a ambulancias) gastaron 221 millones de dólares en servicios de urgencia que no pudieron recuperar, presumiblemente porque sus beneficiarios eran ilegales.
Eso representa un 0,03% del total del gasto en los hospitales estadounidenses, según Ku.
El sector salud en Estados Unidos representa unos 2,5 billones de dólares anuales, el 17% del PIB en 2008, y el gasto per cápita ascendió en 2007 a 7.290 dólares, el más alto del mundo, según datos de la OCDE.
En comparación, el gasto medio de salud en los países desarrollados (OCDE) es en torno al 8,5% del PIB.
El 45% del gasto sanitario estadounidense lo asume el sector público, que cuenta con 11 agencias diferentes, entre las cuales destacan Medicaid (cobertura para los más pobres, de competencia estatal) y Medicare (para mayores de 65 años, de competencia federal).
El 55% restante lo asumen aseguradoras y empresas privadas.
Los estadounidenses no están obligados por ley a nivel nacional a contar con un seguro médico. Son las empresas las que pagan la cobertura privada, junto a los trabajadores.
En promedio, el coste de un seguro médico para una familia de cuatro miembros es de unos 13 mil dólares al año, 30% del cual lo asume el propio trabajador.
En términos de esperanza de vida, Estados Unidos ocupa el puesto número 25 de los 30 de la OCDE (78,1 años de media para hombres y mujeres).
En cambio, la investigación sanitaria en el sector privado, la más avanzada del mundo, permite a los estadounidenses disponer de las tasas de supervivencia de cáncer más altas entre los países desarrollados.
Un total de 45,7 millones de estadounidenses (en torno al 15% de la población) no disponen de seguro médico privado.
Sin embargo, los expertos discuten la dimensión exacta de esa cifra, puesto que un tercio aproximadamente son inmigrantes, y en torno a otro tercio dispone de ingresos anuales suficientes para pagarse un seguro, pero prefiere no hacerlo (datos del Censo estadounidense, 2008).
El programa Medicare representó en 2007 un gasto de 431 mil millones de dólares, Medicaid de 329 mil millones, según la Secretaría de Salud. Eso representó un aumento del 7,2% y 6,4% anual respectivamente, muy por encima de la inflación, uno de los argumentos del gobierno de Barack Obama para defender la necesidad de una reforma.
Las primas de seguro privado (el gasto de cada hogar) ascendieron también 6% en 2007.
El 12% de los gastos sanitarios lo pagan los estadounidenses de su propio bolsillo, según cálculos de la Secretaría de Salud.