Un cómplice de los “Zetas” en Guatemala, que se convirtió en colaborador eficaz del Ministerio Público (MP), reveló que tres días antes de la masacre contra 27 jornaleros en Petén, él mismo alertó a la Policía Nacional Civil (PNC), pero que por falta de pruebas su denuncia no fue tomada en cuenta.

“Tres días antes que pasara la masacre, llamé al 110 y dije que iba a pasar algo en Petén y que resguardaran la seguridad de la población de allí. La señorita que me contestó el teléfono me dijo que tenía que tener pruebas contundentes para hacer una denuncia así”, afirmó el testigo en una grabación presentada al Tribunal Primero B de Mayor Riesgo.

Durante su testimonio dicha persona manifestó que el día de los hechos recibió la llamada de Jorge Hernández Méndez, alias el “Comandante Furcio”, que le dijo que viera las noticias, haciendo referencia al crimen. 

“En la mañana me percaté que sí había pasado algo, pero no me imaginaba hasta que vi la noticias. Él (Hernández) me dijo “solo para que te des cuenta cómo trabaja la raza, y esto no es nada´”, indicó.

De acuerdo con el testigo se volvió a comunicar al 110, para recriminarles que por “negligencia de ellos (PNC) no se había podido salvar a las personas que estaban allí”.

Dentro sus declaraciones también identificó a los acusados como miembros de los “Zetas”, y afirmó que Hugo Álvaro Gómez, alias el “Comandante Bruja”, quién ya fue condenado a prisión por la muerte de la pareja de los esposos Manuel Alberto Bardales Portillo y Heidy Franco Salguero, era el jefe de esa estructura en toda Guatemala.

Por otro lado afirmó que dicha agrupación criminal tiene presencia en todo el territorio nacional, con un representante en cada departamento, y que durante el tiempo que él colaboró para ellos, estos se dedicaban a los secuestros, por los cuales pedían pagos por rescate de Q200 mil hasta los Q7 millones.

Además dijo que los “Zetas” le daban dinero a agentes de la PNC de Huehuetenango, para tenerlos “comprados”, y que no investigaran los casos.

ANTECEDENTES

El 14 de mayo del 2011, 27 campesinos fueron asesinados y decapitados en el interior de la finca Los Cocos; las investigaciones refieren que sus victimarios cometieron la masacre al no obtener respuestas sobre las armas, drogas y dinero de Otto Salguero. 

Las víctimas habían sido contratadas una semana antes de los hechos en Izabal con el objeto de que fueran a realizar labores agrícolas en el lugar.

En un noticiero radial, Rudel Álvarez, exgobernador de Petén, afirmó que meses antes del hecho solicitó a las autoridades la implementación de un Estado de Sitio, y que entregó al MP información “que apuntaba a que algo como eso podría suceder en cualquier momento”, pero que no recibió la respuesta que esperaba.