Con un simple trámite, no digamos con una sentencia definitiva, muchos jueces y magistrados se siguen llevando entre los pies la confiabilidad que el guatemalteco debe tener en la justicia. La semana pasada la apesarada madre de Cristina Siekavizza tuvo que presentarse ante la Procuraduría de Derechos Humanos para pedir su intervención en una sentencia que aunque no represente la vida de un ser humano, sí permitirá que prospere la gestión de otra madre, Beatriz Orellana de León,

Expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, sindicada de haber facilitado a su hijo, acusado de la desaparición de su esposa, todavía prófugo acompañado de sus dos hijos, para obstruir la justicia hasta el punto que podrían perderse los meses de arduo trabajo, pasando por encima de las claras evidencias que tiene en su poder el Ministerio Público demostrando su culpabilidad del delito que se le imputa.

Sigue prevaleciendo entonces en la mayoría de guatemaltecos el criterio que las influencias son más importantes que las leyes, hasta el punto de ser utilizadas en la Corte de Constitucionalidad para que emita un fallo, aparte de inusual, sobradamente fuera de lugar o como se dice corrientemente “choteado a todas luces”, puesto que en vez de aligerar y hacer más eficiente el proceso judicial se está provocando una burla más a todo nuestro sistema. Resulta entonces que la Corte de Constitucionalidad aprovechándose de su omnipotencia olvidó por completo que tener el poder no es sinónimo de ser justo y que si se aparta de la ley, su actuar se convierte en violencia, es decir en la ley del más fuerte al servicio de una autoridad corrompida.

El caso que nos ocupa no está basado en simples presunciones sino es sólido,  como lo calificó la Fiscal General de la Nación y hay algo más importante que lo que se busca es garantizar el derecho de las partes a una justicia pronta y cumplida. No es mucho pedir cuando de sobra sabemos que desde el primer día que se hizo notoria la desaparición de Cristina Siekavizza todo un cúmulo de hechos se acumularon, desde contaminar el área de su residencia hasta propiciar la fuga del principal encartado en tal desaparición.

Hay que tener en cuenta que hablamos de un sonoro caso ¿qué no puede pasar entonces con un jovencito sorprendido por agentes de la autoridad, en lugar apartado de la ciudad y que con el pretexto de pedirle “sus papeles” y pese a llevarlos completos, es chantajeado para que si no entrega su teléfono celular entonces se le impondría una multa y sería objeto de cualquier otra consecuencia? A eso ha llegado la justicia en nuestro país, a hacer añicos su confiabilidad puesto que todo se maneja a base de influencias, presiones o chantajes. ¿Se imaginarán lo que afectará en su formación la experiencia sufrida  por el jovencito antes citado?