En la presente fecha, 31 de diciembre, concluye el año calendario. Es un buen momento para efectuar un recuento, un balance en lo individual y personal de las bendiciones, de los logros realizados, al igual que de nuestras cuitas, de nuestras tristezas, frustraciones y fracasos.
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Qué maravilloso sería que el balance que se produjera fuera extremadamente positivo, lo más probable y lógico es que el debe y el haber sumen y resten y que con suerte nos quede un saldo de hechos y acciones a favor y no en contra. Si nos apegamos a la verdad el resultado de ese balance será el natural producto de nuestro actuar y en alguna parte del actuar y proceder de quienes nos rodearon.
Como país el saldo es más negativo que positivo, lo cual nos debe motivar al análisis, a la reflexión y al compromiso de hacer que las cosas cambien. Ningún país puede salir adelante si no predomina el Estado de Derecho y para que pueda existir debe de funcionar la observancia de la ley, la totalidad de los ciudadanos deben someterse a las obligaciones y derechos que permitan la paz, la seguridad, la ecuanimidad, la tranquilidad y como consecuencia de todo ello el desarrollo humano, económico y social.
El actual Gobierno aceptó y organizó numerosas mesas de diálogo. ¿Cuál es el resultado concreto y específico de esas mesas? Propuestas seguramente ha habido, igual que las hay en la historia del país. De Gobierno a Gobierno, año con año, se repite la historia pero independientemente de lo que nosotros queramos decir, según el punto de vista particular, los números, los hechos que reflejan de forma imparcial y objetiva nuestra situación, los organismos internacionales nos dicen la verdad.
El recién publicado «Informe regional sobre el Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010» del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, PNUD, señala que: «América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y esa característica constituye un obstáculo mayor para reducir la pobreza, avanzar en el desarrollo humano, y para ampliar las libertades y opciones con las que las personas cuentan a lo largo de sus vidas».
Trasladando este concepto de igualdad, aplicándolo a Guatemala, encontramos a nuestro país en los índices más bajos de educación, de salud y de ingresos por persona. La desigualdad se acrecienta cuando comparamos este aspecto entre mujeres y hombres, lo que nos obliga a preguntarnos quién tiene la posibilidad de resolver esa enorme desigualdad. Respondámonos si la tiene el Estado, la sociedad civil, el sector productivo o empresarial, obviamente la respuesta se encuentra en quien mejores ingresos tiene, en quien concentra la riqueza en el país.
Como bien dicen, el Estado no produce dinero, no genera ganancias y la concentración de ingreso y de riqueza no es de todos sino de unos pocos. Por consiguiente, combinando los conceptos que recientemente se publicaran de la elevación de los precios de los productos de exportación y de la concentración que hay en la producción de cemento, hierro, cerveza, licores, azúcar, pollo y en un porcentaje café, la respuesta es evidente: solo a través del aumento de la carga tributaria el Estado podrá, en parte, afrontar las desigualdades de hombres y mujeres en Guatemala e invertir en esos aspectos fundamentales que requiere el desarrollo.
El otro aspecto es el aumentar los salarios en general, especialmente el salario mínimo, hacer crecer la clase media y con ello el consumo de bienes, poniéndonos a la par de Chile, Argentina, México, Brasil, Panamá, Colombia, Costa Rica y demás países latinoamericanos.