La izquierda y la derecha salvadoreñas se enfrascaron en un encendido debate en el Congreso sobre una enmienda constitucional que daría vía libre a las escuchas telefónicas para combatir el crimen organizado en vísperas del cambio de legislatura y de gobierno.
«La ratificación de las intervenciones telefónicas es un tema que desde hace tiempo venimos insistiendo que debería estar ya aprobado por esta Asamblea Legislativa, es una herramienta necesaria y moderna para combatir el crimen y todos deberíamos pensar así», dijo a la AFP el jefe de la bancada de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Guillermo Gallegos.
Esta reforma constitucional fue aprobada ya en 2006 al final de la anterior legislatura, pero tres años después todavía no ha sido ratificada y ahora, que los actuales diputados están a punto de entregar, el 1 de mayo, sus escaños a los elegidos en los comicios del pasado enero, les han entrado las prisas.
La ratificación de esta reforma, que permitirá las escuchas telefónicas previa autorización judicial para combatir el crimen organizado, está siendo discutida por la comisión de puntos constitucionales -que certifica la constitucionalidad de la misma-.
En caso de que los integrantes de la comisión den el visto bueno, la reforma será sometida a votación en el plenario de 84 diputados.
Pero el debate ha aumentado en intensidad. El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuyo candidato, Mauricio Funes, fue elegido en marzo en las urnas como el próximo presidente del país, a partir del 1 de junio, no está a favor de la reforma.
En su mano tiene la llave para aprobarla, ya que se necesita 56 votos del Congreso unicameral de 84 escaños.
«Estamos evaluando si apoyamos la ratificación, pero antes de decidir si lo hacemos, tenemos que buscar un consenso para dejar garantizado que ese recurso no será mal utilizado, hay que poner candados legales, pero no nos estamos cerrando a apoyar la medida», remarcó a la AFP el diputado del FMLN Walter Durán.
En reiteradas oportunidades el ministerio de Seguridad Pública y Justicia ha señalado que las escuchas telefónicas serían utilizadas para la investigación de homicidios, secuestros, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, entre otros delitos.
La presión externa, sobre todo estadounidense, para que se apruebe también es manifiesta. Desde el ex embajador estadounidense en San Salvador Charles Glazer hasta altos funcionarios de organizaciones como el estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Interpol, que han visitado el país, se han pronunciado a favor de que se aprueben las escuchas telefónicas.
Según el diputado del centrista partido Cambio Democrático (CD), Oscar Kattán, si la reforma no es ratificada por el actual Congreso, deberá ser archivada.