A 105 dí­as de iniciada la puja por la distribución de la renta de la cosecha de soja, calculada este año en unos 24 mil millones de dólares, las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados recibí­an a representantes de entidades gremiales obreras, rurales y de consumidores.

El Congreso habí­a escuchado el lunes a los dirigentes de las entidades rurales que motorizaron duras protestas que pusieron bajo virtual sitio a ciudades y pueblos de la región central, donde faltaron alimentos e insumos industriales, con pérdidas millonarias para la economí­a.

El oficialista peronismo tiene mayorí­a en ambas cámaras del Parlamento, que se ha convertido en el centro de la atención de los argentinos, tras levantarse el pasado sábado un «lock out» patronal, que también dañó las exportaciones.

Sin embargo, el Gobierno dijo que los graves perjuicios a la economí­a y el empleo no se trasladaron a la actividad exportadora, al aumentar entre enero y mayo un 63% los ingresos en divisas respecto del año pasado y crecer las ventas externas agropecuarias de 20 mil a 26.500 millones de dólares en igual lapso.

El encauzamiento polí­tico del conflicto con la reanudación del diálogo entre la presidenta Cristina Kirchner y los dirigentes ruralistas el lunes no desactivó, sin embargo, el malestar de los agricultores, que insisten en la suspensión del polémico tributo hasta la definición parlamentaria.

Los productores se alzaron contra un esquema de «retenciones» (impuestos) móviles o variables a las exportaciones de soja, que ligó la alí­cuota a la fluctuación del precio mundial de la leguminosa, en franco ascenso.

El Gobierno argumenta que la renta extraordinaria se utilizará para redistribuir la riqueza, con la construcción de hospitales y caminos, mientras que los agricultores consideran confiscatorio el impuesto.