Ante la amenaza de las autoridades estadounidenses de sacrificar masivamente los «mustangs» del Oeste, los defensores de los animales se movilizan para denunciar errores burocráticos en la gestión de estas manadas de caballos salvajes.
Unos 33 mil caballos viven en libertad en una decena de estados norteamericanos, lejanos descendientes de los equinos que llegaron a Norteamérica con los españoles. Pero la administración que gestiona las tierras públicas federales, la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), estima la necesidad de reducir la población a unos 6 mil ejemplares.
Además, otros 33 mil caballos salvajes capturados viven en centros cerrados, igualmente administrados por el Estado.
Es la primera vez que funcionarios federales proponen abatir caballos salvajes desde que fueran introducidas en 1971 leyes federales para proteger a estos animales que el Congreso describió como «símbolos vivientes del espíritu histórico y pionero del Oeste».
Según las autoridades, es necesario disminuir las manadas de estos animales para una gestión sana de las tierras públicas, de la estepa y de las praderas arrasadas por la sequía y los incendios.
Las autoridades consideran igualmente que la cantidad de caballos salvajes en tierras estatales aumentó debido a la escasez de participantes en el programa de adopción de la oficina, debido en parte a la desaceleración de la economía estadounidense.
Pero la posibilidad de matar los mustangs o de venderlos a terceros países por su carne, pone los pelos de punta a los defensores de los derechos de los animales quienes afirman que la situación podría haberse evitado.
Para Holly Hazard, de la sociedad protectora de animales estadounidense, la sugerencia de la BLM es «totalmente perturbadora y completamente innecesaria».
«Es una debacle provocada por el hombre», añade.
A su entender, la oficina de administración de tierras tardó en aplicar estrategias de control de la población de mustangs, como la contracepción, a pesar de que los defensores de los animales llevan años promoviendo la medida como una forma de estabilizar las manadas salvajes.
«Esto parte el corazón», añade Elissa Kline, fotógrafa de arte especializada en retratar manadas de mustangs en el estado de Idaho (noroeste), refiriéndose a un aspecto del programa federal que separaría a las hembras de sus potrillos.
Para Esther Emmons, portavoz de la BLM en Nevada, donde viven unos 18 mil caballos salvajes, las autoridades preferirían no tener que encerrar a estos animales. «En un mundo ideal, nos gustaría ver venir 33 mil personas» para adoptarlos, dice Emmons.
En Nevada, un estado en gran parte desierto, las autoridades estiman en 40% la sobrepoblación de caballos salvajes. Pero debido a la saturación de los centros de acogida, las capturas tuvieron que suspenderse.
Según Doug Busselman, vicepresidente de la «Oficina de Granjas de Nevada», un poderoso grupo de presión agrícola, la BLM simplemente no quiso controlar las poblaciones equinas, mientras que los agricultores se ven sometidos a estrictos reglamentos sobre la cantidad de cabezas de ganado que pueden tener pastando en tierras públicas.
«Nos hacen responsables pero la BLM es responsable de la gestión de los caballos salvajes y ellos no tienen que rendir cuentas», se queja Busselman.
Mientras que la decisión de abatir los mustangs debe tomarse antes de que finalice el año, el jefe del programa de caballos salvajes en la BLM de Idaho, Tom Miles, constata que intereses divergentes han puesto su agencia en una situación delicada.
«Administramos los terrenos para usos múltiples y a menudo opuestos», dice Miles. «Incluso cuando se tiene un plan bien atado, tratar de satisfacer a todo el mundo sin caer en el favoritismo lleva inevitablemente al descontento».