En las últimas semanas, la relación entre los abogados litigantes que prestan sus servicios en la Torre de Tribunales y los conocedores del Derecho que no cuentan con titulación –ampliamente conocidos como “güizaches”– subió de tono y se tornó más tensa que de costumbre.

La situación ha pasado inadvertida para muchos, pese al intercambio de acusaciones sobre desprestigio, fraude y estafa.

Las personas que ofrecen asesoría jurídica en las afueras de los juzgados de turno de la Torre de Tribunales en la Capital, Antigua Guatemala, Villa Nueva y Mixco son cuestionadas por diferentes actores del sector justicia.

Los mismos abogados litigantes, fiscales y hasta jueces aseguran que conocen casos de familiares de personas capturadas que se quejan de que un supuesto abogado les cobró honorarios y desapareció, y algunas veces, incluso, hasta con su papelería.

Según un reporte estadístico del Organismo Judicial, únicamente en los juzgados de la ciudad Capital ingresaron 5 mil 488 casos nuevos durante el 2013.

Ya sea que los sindicados en los procesos penales hubiesen sido detenidos por orden de captura o en flagrancia, cada una de las personas señaladas en los expedientes judiciales converge, en este caso, en los juzgados del edificio de la Torre de Tribunales.

El respaldo de un profesional, solo en una audiencia de primera declaración, puede constar como mínimo Q7 mil, según un sondeo realizado con abogados penalistas.

De esa cuenta es que un país como Guatemala, con altos índices de criminalidad, no puede prescindir de los abogados que litiguen, investiguen, acusen o juzguen los procesos penales.

Puede que esa sea una de las razones por las cuales hasta la fecha la carrera de abogacía sea la más buscada. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), reporta más de 19 mil profesionales colegiados.

Sin embargo, no solo los colegiados ejercen el Derecho y no solo los que ostentan un título universitario de Abogado y Notario son quienes litigan en procesos penales.

Existe un grupo de conocedores del Derecho que ofrece sus servicios presentándose como licenciados en leyes, o bien como asesores jurídicos, que realmente carecen de titulación y permisos para ejercer, y ampliamente son conocidos en Guatemala como “güizacheros”, “jaladores” o “cazadores”.

En la Torre de Tribunales son bien conocidos. Es vox populi, refieren varios abogados consultados, quienes reconocen que la situación les preocupa, no solo por la competencia, sino también por el prestigio de la profesión y la asistencia legal para los guatemaltecos.

Los “jaladores” son comparados con los llamados “calaqueros”, esas personas que se dedican a ofrecer servicios funerarios, caracterizándose por la astucia de enterarse del hecho, incluso, antes que la familia; sorteando la competencia y recorriendo la ciudad al ritmo de un bombero, un policía o un fiscal.

Quienes se dedican a estas prácticas en la rama del Derecho suelen reunirse en los alrededores de Tribunales, en la entrada principal del edificio y cerca del sótano, donde están las carceletas y los juzgados de turno.

Algunos, en complicidad con los guardias del Organismo Judicial, vigilan desde adentro el juzgado de turno. Quieren estar allí cuando lleguen los capturados para ofrecer sus servicios antes que cualquier otra persona.

Según algunas denuncias, para ganarse los casos hacen ofrecimientos a los sindicados y a las familias. Les garantizan que por el pago de una cantidad quedarán libres o con arresto domiciliario. Y si no hay dinero disponible, no hay problema, pues también aceptan carros, hipotecan casas y hasta terrenos.

ABOGADOS SE ASOCIAN
Y aunque conviven en el mismo espacio de trabajo -la Torre de Tribunales-, los abogados y los güizacheros no precisamente mantienen distancia. Existe un conflicto entre ambos bandos y recientemente se ha acrecentado.
 
Jorge Gramajo es abogado y laboró como abogado de la Fundación Sobrevivientes. Al ser consultado señaló que es “vox populi” el trabajo de los grupos de “güizacheros” en la Torre de Tribunales.
“Son varios abogados y también personas que no se han graduado, que se mantienen afuera de los juzgados de turno, ofreciendo sus servicios al costo más mínimo, lo que nos causa agravio”, opinó.

El entrevistado señaló que con la labor de estas personas “no se valora el trabajo que  ofrecen los profesionales”, ya que entre los honorarios hay una diferencia que pesa en el bolsillo de los clientes.

“Atienden en audiencias de primera declaración, pero no tienen el conocimiento ni las prácticas (para litigar), y el único objeto es que buscan el dinero. Cuando se trata de la libertad de los capturados es más difícil, porque les mienten. Le dicen a las personas que los dejarán libres, pero no es así”, señaló.

Gramajo dijo que por una audiencia de primera declaración los “güizacheros” cobran al menos Q1 mil 500, cuando un abogado con experiencia  solicita Q7 mil, como mínimo.

Sin embargo, refiere que “la gente no puede esperar nada bueno con eso”. “Nada bueno”. Los abogados entrevistados coinciden en señalar que el trabajo de los “cazadores”, es ilegitimo y en algunos casos hasta ilegal, ya que muchas veces sus requerimientos distan de lo que son capaces de conseguir en una audiencia.

“Es algo que no está controlado. No deberían ingresar quien no se identifique plenamente con un carné”, criticó Gramajo.

Además, dijo que generalmente es la gente de escasos recursos la que acude directamente a la Torre de Tribunales a buscar a alguien que le ayude, ya que no cuenta con un abogado de confianza que le ayude a resolver sus procesos.

“Es lamentable porque uno no se puede poner a pelear con ellos. Y solo queda convivir. Lo malo es que se va desprestigiando la profesión poco a poco, porque hacen muchas cosas que ellos como profesionales no deberían hacer”, concluyó.

Derivado de esa situación surgió la Asociación de Abogados de los Tribunales de Guatemala, una entidad que según un trifoliar distribuído afuera de los juzgados,  fue creada para dignificar a los profesionales del Derecho ante la sociedad guatemalteca.

La Asociación tiene como objetivo “impedir que el profesional del Derecho sea extorsionado y menospreciado por grupos paralelos (güizaches y  jaladores) en el desarrollo de su función”, así como “trabajar en conjunto a efecto de evitar la competencia desleal que menoscabe la profesión de Abogado y Notario”.
El trifoliar denuncia la existencia de “una banda del crimen organizado”, integrada por conocedores del Derecho.

“Se encuentra actualmente operando una banda del crimen organizado que continuamente estafa a los usuarios de los juzgados de Primera Instancia Penal de Turno y Paz Penal de Turno, estas personas ajenas al gremio, dañan la profesión de Abogado y Notario, misma que con tanto esfuerzo nos ha costado cultivar y provocan en nuestros clientes desconfianza”, subraya el documento.

Esta entidad busca que los miembros de ese bando sean investigados y que se les prohíba el ingreso y acceso a los expedientes de sus clientes.

EXTORSIONES
Johan Gómez, es abogado y uno de los once fundadores de la Asociación citada. En una entrevista señaló que analizan presentar una denuncia penal en el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones contra la banda que, a su criterio, comete extorsiones en el último nivel del edificio del Poder Judicial.

El Organismo Judicial no controla la entrada a la Torre de Tribunales por el lado de la 9ª. avenida de la zona 1, y es por ese lugar donde ingresan las patrullas de la Policía Nacional Civil al trasladar a las personas detenidas.

Según Gómez, es en ese espacio donde el grupo de “no abogados”, les piden sus datos a los sindicados, que en su nerviosismo, señala, dan su número de teléfono. A partir de allí empieza la extorsión, afirma, ya que los “cazadores” se apropian del caso y no permiten que nadie más participe, aunque ellos mismos no puedan resolver la situación jurídica del detenido.

De esa cuenta los involucrados, señaló Gómez, son estafados, puesto que las tarifas fijados por los jaladores oscilan entre los Q1 mil y Q1mil 500. «No tanto para que la gente se atreva a denunciar, pero suficiente para afectarlos», subrayó.

En ese sentido, el abogado afirma que la Asociación busca que las estafas paren, se supervise que las únicas personas que presten servicios jurídicos sean los abogados, y que se respete y dignifique la profesión.

Por último dio a conocer que actualmente se encuentran recopilando información para presentar ante el Ministerio Público una denuncia por estos hechos, donde afirma, tanto los abogados como los usuarios resultan afectados.
 
SEGURIDAD
Hugo Guzmán, gerente general del Organismo Judicial (OJ), señaló que si administrativamente el Poder Judicial conoce un caso de un “abogado falso” o un “jalador” que estafe a los usuarios, las autoridades de esa instancia realizarán una denuncia, para que se investigue si la persona implicada está cometiendo un delito, como por ejemplo, usurpación de calidad.

Los  artículos 335 y 336 del Código Penal de Guatemala refieren que los delitos de usurpación de funciones y de calidad, los comete quien “sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial”, o quien “se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales, sin tener título o habilitación especial”.

En el caso de la usurpación de funciones, la pena es prisión de uno a tres años, y por cometer usurpación de calidad, el involucrado puede ser condenado únicamente al pago de una multa de quinientos a tres mil quetzales.
 
Según las normas para poder litigar en la Torre de Tribunales, todo abogado debe tener un carné emitido por el Colegio de Abogados, donde se verifique que es colegiado y que está activo.

GRAVE
Manuel Alfredo Marroquín, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (TH-CANG), refiere que el problema es grave, porque si “los jaladores” cometen ilegalidades no hay forma de controlarlos.

Esto, porque al no haberse graduado como abogados, no son colegiados, y a ese nivel, el Tribunal de Honor no tiene jurisdicción. En cambio, si es un profesional activo el que incurre en malas prácticas,  el Colegio de Abogados tiene competencia para tramitar la denuncia en su contra.

Marroquín indicó que ha conocido casos donde personas sin el título que los acredite como togados, se hacen pasar como tales, y que en algunos casos entregan tarjetas de presentación ofreciendo únicamente asesoría jurídica.

“La gente que no sabe cree que son abogados, pero allí hay una usurpación de calidad (un delito) para comenzar. Yo lo veo como un gran problema, y ¿cómo resolverlo? Los afectados tienen que denunciar en el Ministerio Público, ya que también pueden incurrir (los jaladores) en estafa y casi extorsión”, subrayó el Presidente de esa unidad del CANG.

Según indicó, desde el 21 de marzo de 2013, cuando asumió en dicho puesto, el Tribunal de Honor ha conocido 543 denuncias, de las cuales la gran parte son  presentadas contra los abogados que no cumplieron con el ofrecimiento que le hicieron a sus clientes, lo que demuestra que tampoco el título universitario garantiza la ética entre los togados.

De dichas denuncias han llegado a sentencia de primer grado 94 casos. Las sanciones contra los abogados van desde amonestaciones privadas, sanciones pecuniarias, suspensiones temporales, hasta suspensiones definitivas del ejercicio del derecho.

El entrevistado informó que en un proyecto de reforma a la Ley de Colegiación Activa, que recientemente fue presentada ante el Congreso de la República, se busca el establecimiento de sanciones más fuertes, para producir un sentido alto de ética y responsabilidad entre los colegiados.