Pobladores que se oponen a la erradicación de los cultivos de coca mantenían hoy bloqueos viales en el noreste colombiano, mientras se aprestaban a efectuar los funerales de dos manifestantes, cuyas muertes ocurridas el sábado atribuyen a la fuerza pública.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos intentaba conjurar la protesta y tenía previsto en la casa de gobierno un encuentro con las autoridades locales de aquella región del país, donde están concentrados los quintos cultivos más grandes de coca de Colombia.

Los dos manifestantes «fueron muertos por balas de fusil por parte de la policía y el ejército y otros ocho compañeros resultaron heridos», indicó Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Campesinos de Catatumbo, que encabeza la protesta.

Quintero, en entrevista telefónica desde la región del Catatumbo, al noreste colombiano, indicó que en la jornada enterrarían a los dos fallecidos en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander y a unos 420 kilómetros al noreste de Bogotá.

Aseguró que los dos hombres murieron por heridas de bala y en choques con la fuerza pública, que intentaba evitar que se acercaran y se tomaran en pequeño aeropuerto de Ocaña.

Dijo que el número de manifestantes, entre campesinos, pequeños comerciantes, criadores de ganado y cultivadores de coca, materia prima de la cocaína, ha crecido y ahora son unos 10.000 en Ocaña y otros 4.000 en Tibú, ambas localidades en Norte de Santander.

Al inicio de su protesta el 11 de junio eran al menos 8.000 pobladores del Catatumbo –que integran siete municipios de Norte de Santander– los que comenzaron a bloquear con piedras y palos, así como ubicándose sobre las carreteras, las vías de acceso de Tibú y de Ocaña.

Sus reclamos principales, explicó, es que se suspendan los planes de erradicación de coca, se financien programas de cultivos alternativos y además que el gobierno de Santos apruebe que los 346.000 hectáreas de los siete municipios del Catatumbo se conviertan en una «zona de reserva campesina», una figura legal de 1994 y por la cual los campesinos reciben sus títulos de propiedad de la tierra, en general producen de forma cooperativa y el Estado garantiza financiamiento para carreteras hasta salud y educación.