Esta mañana, agentes antimotines de la Policía Nacional Civil ingresaron a la comunidad conocida como La Puya, ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, con el objetivo de garantizar el ingreso de nueva maquinaria a la mina Progreso VII Derivada, mejor conocida como El Tambor.

Sin embargo, pobladores de ambos municipios y activistas cerraron el paso en esta región, impidiendo el ingreso de la maquinaria pesada. Fuentes de la PNC refirieron la presencia de al menos 200 agentes antidisturbios, a manera de prevención ante el riesgo de incidentes violentos que pudieran suscitarse.

Por su parte, personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en conjunto con  representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hicieron presentes al lugar para disipar la posibilidad de un enfrentamiento entre opositores a la empresa minera en mención y fuerzas de seguridad y entablar la mediación entre las partes.

Armando Flores, uno de los líderes comunitarios de La Puya, platicó con La Hora e indicó que la explotación minera en esta región repercute en la contaminación del medio ambiente, principalmente del agua. A la vez, agregó que se debería realizar una consulta comunitaria para la aprobación o no de este proyecto.

Finalmente, dijo que las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc están abiertas al dialogo, siempre y cuando se respete el derecho constitucional de protesta y manifestación así como los acuerdos que autoridades de gobierno suscribieron con los pobladores anteriormente.

La Resistencia de La Puya, como se hacen llamar los inconformes, se encuentra instalada desde inicios de 2012, en rechazo a las operaciones de la mina propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo un pronunciamiento al respecto de la situación por parte de Exmingua.