Rebeldes, políticos y diplomáticos en Sudán se preparan a afrontar las repercusiones de una eventual orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Omar el Bechir, acusado por el fiscal Luis Moreno Ocampo de genocidio en la región de Darfur.
«El complot de Ocampo: una intriga política escandalosa. Bechir, un símbolo inalcanzable para los complots», puede leerse en inglés y francés en una decena de carteles gigantes a la salida del aeropuerto de Jartum destinados a desacreditar a la CPI y a su fiscal.
Moreno Ocampo acusó en julio a Bechir de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur, escenario de un complejo conflicto que ha dejado 300 mil muertos según la ONU, 100 mil según Jartum, desde febrero de 2003.
Según varios responsables, los jueces de la CPI deben anunciar en las próximas semanas si emiten o no una orden de detención internacional contra el presidente sudanés.
Esta decisión podría tener «consecuencias muy serias» para la «estabilidad» de Sudán, advirtió Li Chengwen, embajador de China, país aliado de Jartum que explota importantes yacimientos de petróleo en el sur.
Así, podría dar al traste con el acuerdo de paz con la región de Sudán Sur, que en 2005 permitió poner fin a la más larga guerra civil de ífrica, que tras dos décadas se saldó con dos millones de muertos y cuatro millones de desplazados, según los analistas.
Una orden de detención podría también envenenar la situación en Darfur, donde en 2003 estallaron combates entre grupos rebeldes y fuerzas gubernamentales.
La rebelión se fraccionó después en una infinidad de grupos que luchan entre ellos y contra el gobierno. A esto se suma un bandolerismo endémico que dificulta el envío de ayuda humanitaria a los 2,7 millones de personas desplazadas por la violencia.
«El régimen de Jartum es muy frágil en este momento debido a la inculpación» potencial de Bechir, explica a la AFP Gerard Prunir, experto francés especializado en la región. Prunier considera posible un golpe de Estado o una ofensiva de los rebeldes del Movimiento por la Justicia y la Igualdad.
Con la mirada puesta en una eventual orden de detención, el régimen de Jartum busca dar una imagen de unidad nacional. El opositor islamista Hasam al Turabi, ex eminencia del régimen, fue encarcelado la semana pasada después haber declarado que Bechir es «políticamente culpable» de los crímenes cometidos en Darfur.
Por último, una orden de detención suscitaría reacciones hostiles hacia los extranjeros de Sudán, advirtió el jefe de la Seguridad Nacional, Salah Gosh.
«Seguramente habrá manifestaciones si se emite una orden de detención. Lo que desconocemos de momento es su envergadura», explica un diplomático que pide el anonimato.
Embajadores, organizaciones internacionales y humanitarias siguen la situación muy de cerca en caso de tener que repatriar a su personal y sus ciudadanos.
La prensa sudanesa se apasiona por este caso, que la población no parece sin embargo seguir con atención. «Bechir es tal vez un criminal, pero tendremos serios problemas» si es inculpado, resume Mohamed, un joven diplomado en informática.