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La Hora: ¿Cómo ve la situación del paí­s?

Carlos Amador: El paí­s está entrando a una fase de grandes retos. Están cerca acontecimientos de gran trascendencia polí­tica que definen el control constitucional, como son la Elección Fiscal, Corte de Constitucionalidad y otras elecciones; esto, combinado con el incipiente proceso electoral genera un combo que hace alinear las prioridades para mantener al paí­s controlado. Ese es uno los grandes retos que tenemos por delante. Por otro lado, vemos que la actividad económica se ha logrado mantener; pese a las grandes crisis que se dieron a nivel mundial el año pasado, contamos con una serie de indicadores que muestran que se detuvo una caí­da en el crecimiento y eso le da elementos de oportunidad a Guatemala. Eso permite que el barco siga con vapor y lo que se está buscando ahora es que el capitán pueda mantener el rumbo adecuado en el mar tan agitado en el cual estamos navegando -para ponerlo en términos comparativos-.

LH: Usted se refiere a la dirección de instituciones y el control del paí­s ¿Qué efecto tiene ese propósito? ¿Qué mensaje se manda a los inversores extranjeros y locales respecto a esa situación en el paí­s?

CA: Tenemos que analizar qué queremos como paí­s. Queremos indicadores positivos en crecimiento, empleo, indicadores sociales, etcétera. Pero para poder lograrlo tenemos que tener una tasa de crecimiento más allá de la que hemos visualizado. Hace un par de años estuvimos rascando el 4 ó 5 por ciento, a lo que uno dice «wow, excelente», pero eso apenas es suficiente como para mantenerse. Deberí­amos estar visualizando tasas de crecimiento sostenidas por varios años en el orden del 8 por ciento, y con eso Guatemala comienza a cambiar. Una tasa de crecimiento de esa magnitud va a generar una mayor tasa de recaudación para el Estado y con eso se logrará resolver una serie de problemas bastante conocidos. Pero para poder controlar y mejorar un paí­s con esos indicadores se requieren instituciones fuertes, y eso es parte de nuestra agenda, es parte de lo que estamos buscando. ¿Cómo logramos fortalecer la débil institucionalidad que tenemos?, si seguimos en una situación donde no hay Fiscal, no hay Defensorí­a y pueden venir «no hay» adicionales. Si seguimos así­ no estarí­amos lanzando los mensajes de certeza que buscamos. Entonces, lo importante es fortalecer las instituciones y hacer que funcionen, y que gocen de toda la confianza de la sociedad. Cuando hagamos eso, en ese momento los indicadores y las percepciones comienzan a ser otras.

LH: ¿Cómo pueden los ciudadanos recuperar la confianza en las instituciones?

CA: Lo primero es que hay que reconocer que ese proceso forma parte de una agenda en la que hay que trabajar; en muchos casos «el guatemalteco» ha sido poco informado de la trascendencia que todo eso tiene. Ustedes, mejor que nadie, sabrán que este tipo de procesos hace 8 años pasaban completamente desapercibidos; por lo menos ahora ya están en el tapete, logran conseguir titulares en medios y eso es un gran avance. El mensaje es que debe haber participación de la sociedad y ésta debe estar pendiente de la agenda que debemos abordar; no se trata únicamente de los dirigentes o los empresarios, tenemos que ser todos, pues debemos visualizar un mejor Estado. Hoy, tenemos un Estado que no ofrece los servicios básicos, y en materia de seguridad y justicia está reprobado. Salud y educación, también reprobado. Tenemos que trabajar, abordar esos temas y, lógicamente, Guatemala comienza a florecer. Pero un mejor Estado también implica mejores lí­deres, funcionarios, polí­ticos y que los mejores guatemaltecos participen.

LH: Muchas veces se escucha del desprestigio de los partidos polí­ticos y si empiezan a hacer algo positivo, también se desprestigia a los ciudadanos. ¿Cómo lograr que los mejores guatemaltecos se involucren? ¿Qué mensaje se puede transmitir a los jóvenes y a la gente que quiere un mejor paí­s, para que se involucre y cómo lo pueden llegar a hacer?

CA: Esa es una pregunta que varios nos hemos hecho y la respuesta es un poco fuerte: no hay opción. Si no nos involucramos, se pierden las instituciones, domina el crimen organizado y las mafias, y Guatemala deja de ser un paí­s viable para el crecimiento de los negocios, es decir, para el desarrollo de los guatemaltecos, y caemos en una estructura de ingobernabilidad o en la situación de otros paí­ses -en dictaduras democráticas-, donde no se sabe verdaderamente cuáles son los poderes ocultos y el crecimiento real del paí­s se ve estancado. Entonces, el mensaje es, para que Guatemala tenga un futuro, es vital la participación; de lo contrario, no va a funcionar.

LH: ¿Qué análisis hace de la situación de inseguridad y cómo afecta al desarrollo económico?

CA: El tema de inseguridad ha estado en la agenda del sector desde hace muchos años; con tristeza digo que los indicadores van para atrás. Lo que se ha hecho no ha sido suficientemente bueno, pues lamentablemente no ha habido una polí­tica bien clara de cómo abordar el tema. La inseguridad es uno de los grandes flagelos que está desbordando al paí­s. Es un elemento que genera mucha zozobra entre los guatemaltecos y mucha incertidumbre para la inversión y que, por otro lado, para el desarrollo de las actividades genera sobre costos tremendos, aparte de los riesgos involucrados. Entonces, eso no ayuda para nada y estamos claros de que el problema está aumentando por la influencia negativa del narcotráfico, que ha generado indicadores de violencia muy fuertes. Entonces, la seguridad es un reto doble que tiene que ser abordado de una forma diferente a como se ha estado haciendo. Incluso, se tiene que abordar regionalmente, porque el problema trasciende fronteras.

LH: ¿Podemos decir que el problema deviene de falta de voluntad y preparación de las autoridades, o que el crimen organizado, el narcotráfico y el resto de males están infiltrados y tienen cooptadas varias instituciones, con lo que limitan el accionar en su contra?

CA: Es una combinación de esos elementos. No se puede tener un único diagnóstico. El problema va evolucionando, hay momentos en los que es más evidente un tipo de infiltración, en otros momentos es la corrupción y en otras ocasiones es la falta de liderazgo o visión. A veces hace falta poner el tema en la prioridad que debe ser.

LH: ¿Cuáles son los principales factores que limitan la inversión local y extranjera?

CA: Por un lado está el tema de la confianza, que tiene mucho que ver en la inversión extranjera y local. Los guatemaltecos tenemos que resolver una serie de elementos que van a permitir que la inversión venga en las cantidades que visualizamos. Tenemos que definir qué queremos en cuanto a la explotación de recursos naturales y en temas ambientales, que van a permitir la construcción y el desarrollo de grandes proyectos, que van a traer inversión para el paí­s y van a generar riqueza, empleo y oportunidades. También está el tema de las consultas comunitarias, el tema minero y las concesiones, para los cuales, como paí­s, tenemos que buscar una solución viable. «No hacer nada» no es una opción, porque eso desaprovecha las riquezas del paí­s y asegura el deterioro de las áreas protegidas, ante la falta de recursos. Se tiene que poder encontrar una opción -en materia de fortalecimiento institucional- para poder garantizar que todos los balances necesarios puedan ser atendidos, aprovechando al máximo las riquezas naturales y las oportunidades.

LH: En el tema de los recursos naturales, ¿cómo lograr la explotación y el beneficio económico, y a la vez asegurar un menor daño para las comunidades?

CA: Aquí­ nos vamos por un «pierde-pierde» o por un «gana-gana». Existen formas donde puede darse el «gana-gana».

LH: ¿Y cuáles pueden ser esas formas?

CA: Es necesario tener una legislación que permita que los beneficios lleguen a las comunidades afectadas, o de incidencia, para que tengan recursos. Por otro lado, que permita dirigir fondos para las instituciones que son las rectoras de muchos de estos temas y que garanticen la sostenibilidad de los proyectos. No es un tema únicamente de recursos. Es un tema de institucionalidad, para que todos los guatemaltecos tengan las garantí­as de que las instituciones están desempeñando las funciones para las que fueron creadas. Estos temas han girado alrededor del punto ideológico y si seguimos abordando el tema como una lucha ideológica está garantizado de que no vamos a llegar a ningún acuerdo, y caemos en el esquema «pierde-pierde». Uno de los pasos positivos que ha dado Guatemala es la aprobación de la ley de Alianzas para el Desarrollo. Es un instrumento legal que va a marcar un antes y un después en la viabilidad y desarrollo en los proyectos de infraestructura que el paí­s requiere. Guatemala es pionero, pues es el primer paí­s de la región que aprobó ese instrumento.

LH: ¿Por qué se considera un «parte aguas» a la ley de Alianzas para el Desarrollo?

CA: Porque va a permitir que varios proyectos de infraestructura se lleven a cabo, cuando el Estado no tiene la capacidad de desarrollarlos porque carece de la institucionalidad para captar los fondos que requiere el financiamiento de esas iniciativas. Eso podrá permitir tener inversiones del 4 y el 5 por ciento del PIB en infraestructura, mientras que hoy estamos por el 1 por ciento. Este instrumento va a favorecer para que Guatemala se convierta en una localidad muy atractiva para desarrollar proyectos. Es momento de que la institucionalidad comience a funcionar y en sentido, Guatemala va a poder atraer esos proyectos que van a permitir que el nivel de competitividad del paí­s comience a elevarse.

LH: ¿Cómo se le puede mandar un mensaje a los pequeños, medianos y grandes empresarios, de que el CACIF vela por los intereses de todos y no sólo de un sector?

CA: Eso es por la representatividad de los que están sentados en la mesa directiva del CACIF. Somos una agrupación de las diferentes cámaras que existen en el paí­s, que tienen una composición de diferentes sectores y gremios, y ahí­ caben grandes, medianos y pequeños empresarios. Todos tienen su espacio. Ese balance es un reflejo de la mezcla perfecta que es la base de la fortaleza del CACIF. Los grandes empresarios que están representados en las diferentes cámaras tienen opinión, al igual de la que tienen otros sectores que están conformados principalmente por pequeños y medianos. El CACIF es verdaderamente representativo del sector empresarial organizado en Guatemala.

LH: En materia fiscal ¿qué se necesita para concretar un pacto fiscal integral y de Nación?

CA: Voluntad. El sector lo planteó en repetidas ocasiones, sin embargo las autoridades no asumieron el reto. El punto principal de un pacto fiscal es la definición de las reglas del juego para el uso de los ingresos tributarios; es lo que entra y lo que sale, y cómo sale: transparencia y calidad de gasto.

LH: ¿Eso es lo que hizo falta en el proceso que acaba de terminar?

CA: Esas son las garantí­as que deberí­a tener el pacto. Son los temas que se abordaron en su momento en el tema fiscal y que siguen totalmente vigentes. El tema de los impuestos era un solo elemento del diálogo, nada más, pues están estos aspectos también. Habí­a ciertos elementos adicionales, pero no se encontró la voluntad polí­tica de abordar de forma integral. Guatemala es uno de los paí­ses en los que el sector formal es de los que más tributa y donde hay una serie de ineficiencias en recaudación. Estamos hablando del contrabando y un nivel de economí­a informal gigantesco y no estamos hablando del «chiclero de la «esquina», sino de empresas medianas y grandes que tienen estructurado su negocio en la informalidad. Eso hay que cambiarlo.

LH: ¿Cómo se puede cambiar?

CA: Tenemos que mejorar las reglas del juego. Hay que ampliar la base (tributaria), pero por otro lado hay que garantizar que el Estado tenga más presencia en todo el territorio nacional. Mucho del tema informal se desarrolla en el interior, en donde se mueven cantidades grandes de volumen comercial. Entonces, necesitamos contar con un mejor Estado, que sea más eficiente y lleve sus servicios a todo el territorio nacional. Por otro lado, en el tema tributario, se está hablando de ingresos fiscales, los cuales se pueden ir mejorando sin necesidad de incrementar los impuestos, porque los números ya son bien altos. Hay otro tipo de ingresos no fiscales que pueden representar un 4 o 5 por ciento de recaudación con respecto al PIB.

LH: ¿Cómo cuales?

CA: Concesiones, explotación de recursos naturales y regalí­as. Minerí­a e hidrocarburos. Son rubros de ingresos importantes para el Fisco, que en otros paí­ses de la región representan ingresos significativos. Y eso es lo que se tiene que lograr, porque eso es exportar la riqueza natural del paí­s. Si eso no se hace de nada sirve la riqueza el paí­s. Si la riqueza está enterrada o sumergida es sólo un potencial. Ya va siendo hora de que se aborden esos capí­tulos que van a permitir la captación de niveles de inversión altos. Todo esto se puede hacer responsablemente.

LH: Usted dice que las tasas impositivas son altas pero se dice que, comparado con el promedio que tienen otros paí­ses, mantenemos aún tasas bajas, y en muchas ocasiones el CACIF se ha opuesto a incrementar los impuestos. ¿Qué alternativas hay para que el Estado pueda aumentar sus recursos y enfrentar los grandes problemas nacionales?

CA: Es un tema de Estado el de los ingresos no fiscales; se requiere una polí­tica clara y definida para que logremos un acuerdo para el aprovechamiento de los recursos naturales…

LH: Para eso serí­a necesario incrementar las regalí­as que percibe el Estado.

CA: Eso implica llegar a un acuerdo sobre lo que queremos hacer. Tenemos que estar claros de que el objetivo es buscar una propuesta viable para generar riqueza en el paí­s y hay que revisar las reglas del juego; en ese caso entran las regalí­as, su monto y cómo se reparten. Y tener un debate productivo con el objetivo de encontrar una solución. Muchos de los ingresos que se buscan y se requieren para abordar temas de educación, seguridad y justicia pueden venir de ahí­. Esos son los ingresos no fiscales. También se puede hablar de concesiones de puertos y aeropuertos, que generan otro elemento adicional. Si vamos al tema de los ingresos fiscales, tenemos pendiente una optimización de recaudación, según el acuerdo que se alcanzó en el tema «antievasión 2», que deberí­a avanzar en el Legislativo, pues le va a dar más capacidad de fiscalización de los ingresos a la SAT, que se va a reflejar -como lo ha dicho el Ministro de Finanzas- en unos mil millones de quetzales adicionales. También está el tema del contrabando y aduanas, en donde hay estructuras completamente aceitadas que están funcionando, lo cual no es ningún secreto. Se necesita la voluntad polí­tica para abordar el tema; hay mucho crimen organizado y enfrentar eso requiere decisión polí­tica. Va a haber acción y es necesario para que todos los empresarios puedan competir lealmente. La competencia desleal, que genera un cí­rculo vicioso que promueve más informalidad, contrabando y factores negativos, como la erosión del Fisco, lo podemos convertir en un cí­rculo virtuoso, que genere más negocios, competencia leal, institucional, más ingresos y todos ganamos así­. Pero requiere decisión polí­tica para abordar el tema.

LH: En unos dí­as se va a discutir el tema del presupuesto para el próximo año. ¿Qué opiniones tiene al respecto y qué posición va a adoptar CACIF?

CA: Gran parte de los desbarajustes fiscales de este año son producto de la falta de voluntad polí­tica para aprobar un presupuesto de nación.

LH: Con respecto a la no aprobación del presupuesto para este año. ¿Cree que las cosas ocurrieron como se dice en el Ejecutivo: que los únicos responsables fueron los diputados, o cree la versión de que el mismo Gobierno querí­a utilizar el mismo presupuesto del año pasado?

CA: Yo dirí­a que en ese momento, al Ministro de Finanzas le zafaron la alfombra.

LH: ¿Quién?

CA: Yo creo que fue de adentro. Y eso generó una incertidumbre tremenda sobre el presupuesto y el techo (presupuestario) que tenemos. Eso es lo que define qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Caí­mos en un desgobierno total desde el punto de vista de Finanzas Públicas, que se evidencia con transferencias a diestra y siniestra -que requieren escarbar para conocer la información, como lo han hecho diputados que están en esa tarea y han hecho hallazgos tremendos e increí­bles-. Pero mucho de eso se puede regularizar al contar con un presupuesto. Con la importancia de tener un presupuesto me refiero a que se está operando sin norte. El Estado ha venido operando con un presupuesto elaborado bajo unas condiciones muy diferentes al nivel económico, como se encontraba hace dos años y medio, que fue cuando empezó el jaleo en esta lí­nea. Se aprobó un presupuesto desfinanciado que se replicó en este año y existen las posibilidades de que se repita esta situación, lo cual serí­a negativo para el paí­s. Con esta situación se está minando la institucionalidad, se está enviando un mensaje: «mejor no logro ningún tipo de acuerdo»; hay un desgobierno total y eso va a generar mayores crí­ticas, problemas e incertidumbres para el próximo año.

LH: ¿Cree que corremos ese riesgo para el presupuesto del 2011?

CA: Es un escenario que no se puede descartar. Hay que abordar el tema y estar al pendiente de cómo se va a financiar el presupuesto. Guatemala no puede seguir operando solamente en base a financiamientos; tiene que venir una priorización y reestructuración del gasto, es decir, que el Estado tiene que conocer hasta dónde puede «estirar el hule» del gasto público. El sector mira muy preocupado cómo el presupuesto de operación del Estado ha ido creciendo en porcentajes altí­simos en los últimos dos años, sin que se haya visto un incremento en la efectividad de los servicios públicos. El del próximo año tiene que ser un presupuesto muy sensato, basado en la capacidad de operar del Estado, las garantí­as, la calidad del gasto, que por supuesto debe ser equiparado con las fuentes de ingresos y los complementos.

LH: ¿Qué opina, si el Ejecutivo decide emitir más bonos y recurrir a más endeudamiento para financiar el presupuesto?

CA: Por un lado están los techos puestos en el déficit que se puede manejar. El sector considera que Guatemala llegó al lí­mite de déficit por la coyuntura de la crisis; ahora, tiene que haber indicadores claros de que ese déficit tiene que empezar a retroceder y llegar a los niveles que se estaban manejando antes de la crisis. Por otro lado, hay que afianzar una estrategia para lograr una mayor recaudación y nuestro planteamiento es que eso se logra a través de la eficiencia del gasto, porque como sucede en cualquier empresa, hay que velar para que se mejore el desempeño financiero. Todo tiene que ir amarrado con una visión de crecimiento económico, ya que genera una mayor recaudación, reglas claras, confianza y certeza.

LH: El gobierno no tiene operadores polí­ticos y por otro lado, uno de sus mayores problemas es la falta de transparencia, entonces, en su programa radial el Presidente recurre a la gente, a los más necesitados, para que defiendan sus programas y les hace un llamado para que hagan valer sus derechos. ¿Qué efectos puede tener eso en un paí­s en el que los linchamientos y la justicia por propia mano están a la orden del dí­a? ¿A qué llama el Presidente con eso?

CA: La reflexión que hago en este caso es que hay que ser muy cuidadosos con los mensajes que se lanzan, pues hay que preservar la gobernabilidad del paí­s. Un mensaje equivocado puede desembocar en los fenómenos que acaba de mencionar. Hay que ser muy prudente para manejar las situaciones y hay que separar el Estado del tema de campaña polí­tica. Los guatemaltecos tienen que comenzar a entender esto.

LH: ¿Cómo se puede lograr esto?

CA: Con prudencia en los mensajes. No hay que aprovechar esa plataforma de gobierno para la polí­tica, porque no corresponde. Los indicadores de opinión pública muestran claramente que es lo que ha funcionado y lo que no; los funcionarios públicos no pueden estar ligados a temas de campaña y es un tema que ha aparecido en varios artí­culos de prensa, en donde con la mayor frescura se dice que hay funcionarios que están en campaña, y eso no lo podemos tolerar.

LH: Durante los últimos periodos gubernamentales el oficialismo ha aprovechado esa plataforma para la campaña, ¿Tenemos mayores riesgos en este periodo?

CA: Como ha habido un deterioro institucional hay más razón para ser cautos y tener menos tolerancia de parte de la sociedad y del mismo Ejecutivo. Tenemos una serie de instituciones descabezadas, una institución involucrada indirectamente en el proceso electoral -Renap- con un gran vací­o, incertidumbre y un nivel de confianza muy bajo; por eso es vital actuar con decisión y a la mayor brevedad posible, para poder garantizar que los guatemaltecos van a tener la oportunidad a un proceso electoral certero el año entrante, porque en las condiciones actuales eso no se puede llevar a cabo.

LH: Hay quienes dicen que varios actores sociales están cayendo en un juego polí­tico, porque, en términos de confiabilidad, la cédula ofrece menos garantí­as que el DPI, y eso podrí­a ser beneficioso para algunos y perjudicial para otros, en el tema de la polí­tica electoral. ¿Qué opina usted al respecto?

CA: La confiabilidad de las elecciones gira alrededor del padrón electoral. En ese sentido, hay dos documentos con los cuales una persona se puede identificar en el padrón: la cédula y el DPI. El primer paso es blindar el padrón para que no se contamine. El segundo punto es definir los criterios para validar cédulas, que tiene que usar el Tribunal Supremo Electoral para empadronar y por último, los criterios para permitir el empadronamiento con DPI. Eso implica que se debe dar confiabilidad al DPI y para eso hay que llevar a cabo los procesos de auditorí­a que se han estado solicitando, donde se han ido destapando una serie de situaciones y anomalí­as que cada vez más van en «crescendo» y es ese proceso al cual hay que darle prioridad, para que los guatemaltecos tengamos la certeza de que tenemos un documento de identidad con el cual podemos acudir al evento electoral.

LH: La OEA está haciendo una auditorí­a de padrón, ¿qué piensa de esa iniciativa?

CA: Está muy bien que la OEA realice esa auditorí­a, aunque deben venir más instituciones a realizar ese tipo de trabajos para mejorar la certeza del padrón y lo mismo hay que hacer en el Renap, porque se han dado varios casos de anomalí­as.

LH: ¿Qué mensaje se le enví­a a la población con el proceso de licitación para la misión del DPI, cuando la empresa ganadora es una entidad que es señalada por los medios -porque a la fecha no hay un proceso judicial abierto- por ser de un financista de campaña? ¿Cómo se pueden transparentar los procesos para evitar que hechos como éste se repitan?

CA: Hay varios elementos por analizar. Estamos hablando de la poca transparencia en los procesos de contratación pública; es un tema que abordar. En este caso hay un contrato con el Renap, pero hay «n» contratos con diferentes instituciones donde lo que tenemos que lograr, como sociedad, es que todos tengan las garantí­as de que el Estado va a contratar transparentemente, y que no se trata de un pago de favores a financistas.

LH: ¿Cómo alcanzar ese nivel de transparencia?

CA: Mucho de ello se consigue con fortalecimiento institucional. Eso viene de los pesos y contrapesos en el Estado. Si no hay contrapesos, hay instituciones que hacen lo que quieren con los fondos públicos. Por otro lado, el problema del Renap es netamente de gestión, porque hay ineficiencias, dilapidación de recursos, compras voluminosas, contrataciones dudosas… una serie de señalamientos y por eso se insiste en que se lleven a cabo las auditorí­as para conocer a fondo los problemas de la institución. Al final, la percepción que se tiene del Renap es decepcionante, porque no se logró el objetivo en tiempos, gestión y calidad. Ha sido reprobado, pero hay que rescatar la institución lo antes posible.

LH. Hay rumores de que el Renap va a ser intervenido por el Ejecutivo. ¿Cree que esa es la solución?

CA: El Renap no tiene un directorio que pueda tomar decisiones; es una institución que está operando con inercia. Con un directorio que no logró sus objetivos, un esquema de gobernanza muy comprometido, por lo que las medidas extraordinarias es lo que se requiere para garantizar el funcionamiento de la entidad.

LH: ¿Cómo ve el futuro del paí­s?

CA: Guatemala está pasando por un punto de inflexión y es por eso que los guatemaltecos debemos trazarnos el reto de trabajar por el paí­s que aspiramos tener. En varias ocasiones he dado el ejemplo de Latinoamérica: institucionalmente queremos llegar a un modelo como Chile o a un modelo como Haití­, que es el referente de un desorden total. La decisión está con nosotros; si tomamos la decisión correcta y empujamos en la decisión correcta. Guatemala puede encausarse en la lí­nea adecuada.

LH: ¿Eso depende de un partido polí­tico o del colectivo de ciudadanos?

CA: Eso depende de los guatemaltecos. No es una decisión del gobierno o de los partidos polí­ticos sino de la sociedad que define lo que quiere y actúa en una lí­nea.