Ayer una protesta de los vecinos de Fraijanes, quienes reclamaron por el alza en el precio del pasaje que les afectó severamente, fue drásticamente reprimida por la fuerza pública que entró, inclusive, a algunas viviendas para sacar del pelo a particulares que fueron considerados como instigadores del conflicto. La verdad es que conforme vaya apretando una crisis cuyos efectos apenas estamos empezando a sentir, en Guatemala iremos viendo un aumento de la demanda social que, desafortunadamente, se expresa mediante medidas de hecho porque el Estado no es eficiente para atender los reclamos.
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Si un ciudadano o un grupo de pobladores quiere que se le escuche y hace sus planteamientos por la vía ordinaria en la administración pública, puede esperar sentado a que lo tomen en cuenta porque nuestra autoridad tiene la característica de que hace oídos sordos a cualquier petición popular. Salvo, y ese salvo es muy importante, cuando se toman medidas de hecho porque es entonces cuando sí les ponen atención y lamentablemente ha sido tan consistente esa realidad que puede considerarse como iluso y medio baboso al que pide algo y no se hace escuchar con alguna acción estridente.
El estado de prevención, decretado exclusivamente por el problema de abastecimiento derivado del paro del transporte pesado, sirvió para aplacar y reprimir una protesta que nada tenía que ver con esa situación. Pobladores que rechazaron el aumento al precio del pasaje extraurbano fueron vapuleados y dispersados a punta no sólo de gases sino también de batonazos porque los elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil tenían el instrumento de la Ley de Orden Público para dispersar cualquier manifestación, tuviera que ver o no con la causa del estado de prevención.
Desde que se inauguraron los llamados gobiernos civiles con la vigencia de la Constitución actual en 1985, todos han sido muy cuidadosos en el uso de la Ley de Orden Público porque entienden que la restricción de las garantías constitucionales tiene que ser algo en realidad extraordinario. No se puede negar que el riesgo de una paralización por la falta de combustible puede haber justificado que el gobierno del ingeniero Colom tomara la medida de restringir las garantías, pero hay que tener especial cuidado al utilizar esos mecanismos porque más fácil de lo que alguien pueda imaginar se caerá en la tentación de recurrir a esa práctica cuando surjan problemas de mayor o menor envergadura.
Cierto es que el uso de la fuerza puede dar la sensación de que estamos viviendo en un clima de orden y relativa tranquilidad, pero la experiencia de lo vivido en períodos anteriores, como el de Arana cuando se prolongó una suspensión de garantías por casi un año, evidencia que esas medidas represivas al final provocan reacciones más graves porque la gente al no encontrar formas para protestar legalmente, termina actuando en la clandestinidad y ello es mucho más grave en el mediano y largo plazo.
Vienen días difíciles porque la crisis económica hará que aumente la demanda social y el nivel de protesta. Torpe sería querer atajar el malestar con represión en vez de diálogo y buenas medidas de gobierno, por mucho que sea tentador restringir las garantías para acallar a la gente.