Parte del empresariado guatemalteco, sobre todo quienes están agremiados en las Cámaras que sirven de grupos de presión para cuidar sus intereses en cualquiera de las instancias donde estos se vean amenazados, suelen creer que solo existe un modelo de crecimiento económico y de desarrollo que consiste en que en algún momento, dadas ciertas condiciones, derramará beneficios para quienes estén inmersos en el aparato económico y hasta puede incentivar la creación de nuevas actividades para incluirse en el «círculo virtuoso» de la prosperidad.
Sectores campesinos, por aparte, cuyos líderes con su discurso apabullante solo para su sector y quienes se identifican con su causa, manifiestan y señalan de oligarcas al grupo de empresarios que parece que siempre ha detentado el poder económico y político, y que en ocasiones solo dan a entender que no pueden salir de una única propuesta.
Siempre que se requiere de la aprobación de una ley de interés nacional, es al Presidente de la República a quien se le increpa de parte de sectores sociales y de la opinión pública la responsabilidad para que pase en el Congreso, sabiendo de antemano, que cada organismo debiera ser independiente. Se le pide al mandatario, como si todo estuviera en sus manos, cual monarca.
En esta ocasión, siguiendo el juego, muy cuidadoso por cierto, el presidente Pérez Molina pidió a su bancada, públicamente, que se dedique a la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, que el sector privado considera una reforma agraria.
Sin embargo, la reforma agraria emprendida por el presidente Jacobo Arbenz en 1952, nada tiene que ver con lo que ahora se propone.
Esto puede entenderse tan solo teniendo en cuenta parte de los considerandos del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, desechado tan pronto como se pudo por los liberacionistas, que entre otros, dice así: “que la concentración de la tierra en pocas manos, no sólo desvirtúa la función social de la propiedad, sino que produce una considerable desproporción entre los muchos campesinos que no la poseen, no obstante su capacidad para hacerla producir, y unos pocos terratenientes que la poseen en cantidades desmedidas, sin cultivarla en toda su extensión o en proporción que justifique su tenencia”.
Los objetivos de esa ley, pueden resumirse en lo contemplado en el primer artículo, que dice: “la Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala”.
Sin embargo, la cuestionada iniciativa 4084, que daría paso a la Ley de Desarrollo Rural Integral, previo a las adecuaciones que hiciera el diputado Oliverio García, parecía incluso similar en algunos casos al decreto citado, pues entre otras cosas, dice que estimularía la desconcentración de la tierra.
No obstante, con el trabajo de García, en cuya labor estaban las esperanzas de las organizaciones campesinas y del comisionado Adrián Zapata y por qué no decirlo, también del presidente Pérez Molina, supuestamente se le dio viabilidad política, jurídica y técnica a la propuesta. Pero debemos hablar en serio y decir también que en este país, hablar de impuestos y de acceso a la tierra resulta ser tópicos que no encuentran tiempo propicio en ningún momento dentro de la agenda de los grandes empresarios.
Con todo y la presión campesina, con las negociaciones a puerta cerrada de parte de diputados con empresarios del agro y con todo el entramado ideológico que el tema de la tierra conlleva, las condiciones de diálogo entre sectores se deterioran aún más y solo causan división.
La estrategia, al parecer, en la readecuación, fue hacer tantas enmiendas como fuera posible al articulado de la iniciativa 4084, que ahora, en lugar de darle viabilidad, se podría enviar a engavetar, porque modificar artículos para colocar palabras en plural que estaban en singular, no puede interpretarse de otra manera que tratar de lograr que se supere el 30 por ciento en enmiendas permitido.
El proyecto, al parecer, no pasará, pues los empresarios del agro se cuidaron muy bien el negocio. Mantienen pláticas con diputados y si eso no resulta, la iniciativa fue enmendada de manera desmedida, que deberá regresar a una comisión para modificarla.