Rubí Monzón, fiscal de Ministerio Público, que ha diligenciado investigaciones en contra de pandilleros de la Mara 18 y Mara Salvatrucha, señaló que este tipo de casos se complican, cuando un testigo debe declarar ante un Tribunal.

Como primer obstáculo señaló que, “si en un caso los hechos ocurrieron en 2010 y se vienen a juzgar en 2012, es difícil localizar a las víctimas para que narren los hechos”; no obstante, manifestó que una vez ubicados, la situación se complica más, pues “al tener a la vista a una estructura criminal, se abstienen a declarar los hechos que realmente han ocurrido, o bien dan una declaración diferente”.

Según indicó Monzón, por el temor, las víctimas hacen una declaración en el MP y otra distinta ante los Tribunales: “Nos causa agravio, pues como consecuencias de esas decisiones ya no se les puede dar valor probatorio a sus declaraciones, y así también, lamentablemente el tribunal tampoco lo concede”.

La fiscal explicó que en este tipo de casos, para que la declaración sea más certera se solicita en una audiencia de anticipo de prueba, “si los testigos declaran en esas circunstancias es justo, por el temor que  tienen de asistir a los debates”. Sin embargo, lamentó que los juzgadores no tengan el mismo criterio.

LA SENTENCIA

Las declaraciones de la fiscal Monzón, fueron en relación a la resolución en el caso del bombazo en un bus de la ruta sanjuanera, donde el Tribunal Tercero del Ramo Penal, dictó una  sentencia condenatoria y ocho sentencias absolutorias en contra nueve pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El  MP los sindicaba, entre otros hechos, de la explosión de una granada en una unidad de transporte de las rutas sanjuaneras. El incidente ocurrió el 12 de julio de 2010, donde murieron 4 personas y 14 más resultaron heridas.

El único condenado fue Carlos Antonio Jerónimo Ramírez, a 68 años por los delitos de  asesinato, asesinato en grado de tentativa y obstrucción extorsión del tránsito.

Los procesados que fueron absueltos son:  entre ellos Áxel Danilo Ramírez, alias el Smiley,  Rony Flores Quezada, Josué Mendoza Zente, José Galindo Meda, Franklin Portillo Dubón, Luis García Díaz, Florencia Quek y Verónica Menchú.

Por ellos la Fiscalía de Delitos contra la Vida, había solicitado hasta de 100 años de prisión; sin embargo, el Tribunal criticó la falta de pruebas, ya que su
prueba madre, era la declaración de un testigo protegido, prueba a la que no le dieron valor probatorio, porque él no fue testigo presencial del hecho, si no “se lo contaron”.

Eleonora Muralles, directora de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), coincidió con Monzón al señalar que la estructura de los pandilleros,  genera miedo en la población al momento de testificar. 

No obstante, discrepó que el MP base sus pruebas en un testimonio, “tiene que hacerse una investigación donde se proteja a las víctimas y que se llegue a determinar la participación de los pandilleros, no necesariamente con una prueba testimonial.  Hay muchísimas maneras de comprobar un crimen, que no necesariamente implique el testimonio de la víctima”.