Las reacciones, por la propuesta del presidente Otto Pérez Molina, de “despenalización completa” de las drogas, ha generado discusión entre varios analistas, que consideran como principal reto la institucionalidad, para prevenir que el consumo nacional de esos productos se incremente, con potenciales daños a la salud.
El Presidente dijo que presentará el ofrecimiento a nivel regional.
En ese sentido, Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), considera que primero se debe aclarar de cuáles drogas se está hablando.
Destacó que, aunque la organización a la que pertenece ha considerado que los combates bélicos librados contra el poder del narcotráfico son “una batalla perdida”, y que se deben buscar procesos diferentes que impidan ese enfrentamiento, recomendó, que antes que el presidente Pérez haga declaraciones públicas al respecto, deben tomarse en cuenta estudios técnicos de “lo que implica la despenalización de las drogas en el país”.
También dijo esperar, “que esto (la despenalización), no se convierta en una especie de berrinche frente a Estados Unidos, en tanto que la posición de este gobierno, no ha sido del todo beneplácito del actual gobierno (estadounidense)”.
Al parecer de Santos, “el lanzamiento de estas propuestas parecieran estar más enfrascadas en ese sentido, que en una posición técnica y viable para el país”.
Enfatizo que el tema “requiere un andamiaje institucional y de recursos que por el momento no vemos en la propuesta”. Es decir, no está “tan claro y concreto por el presente gobierno”.
Agregó que “se deben tener las consideraciones elementales para la institucionalidad y de los recursos que se necesitarían para echar mano de un proceso de despenalización”.
Para Santos, la negativa de Estados Unidos de enfrentar el problema le parece “una posición de doble moral y doble discurso frente al hecho”, porque, “no sólo financia, sino presiona a los Estados de América Latina para impedir el paso de la droga hacia su país y, sin embargo, no actúa para reducir el mercado más grande del planeta del consumo de drogas, que son ellos mismos”.
Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, considera que el tema “está asociado con la educación”, “sobre todo por el riesgo de incremento en niveles de consumo”.
Dijo que, para segmentos de consumidores jóvenes, debe haber “políticas de prevención, que puedan reducir la vulnerabilidad de estos sectores al uso de drogas”.
Además, expresó que de concretarse la propuesta, debe considerarse también el “riesgo sobre la lucha por el mercado”, porque en principio, “al momento de formalizarlo, habría una lucha muy fuerte”.
En ese sentido, la situación que el gobierno deberá plantear, es “no sólo despenalizar, sino regular el mercado de este tipo de productos”, puntualizó.
Castillo finalizó diciendo que, “la transición sería sumamente delicada”, es decir, que “si no hay regulación, podría haber problemas por la distribución del mercado que se haga, muy parecidos a los actuales”.