Luego de ser aprobado, de urgencia nacional, el paquete de reformas tributarias, el oficialismo se había comprometido a aprobar –con la misma celeridad– un paquete de transparencia, en el que se incluye varias iniciativas, como la que combate el enriquecimiento ilícito, así como las que darían mayores herramientas a la Contraloría General de Cuentas.
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Sin embargo, tras una esperada sesión extraordinaria para aprobar, de urgencia nacional, la llamada Ley anticorrupción, para combatir el enriquecimiento ilícito, se logró evadir que se decretara de una vez, y, en cambio, fue aprobada tan solo en primera lectura.
Organizaciones de la sociedad civil temen que los proyectos que buscan mejorar la calidad del gasto y la fiscalización queden a la deriva. El temor surge por la frustrada aprobación de urgencia nacional de la Ley contra la corrupción.
El primer tropiezo que se encontró con la ley que tipifica el enriquecimiento ilícito al no encontrar eco para su aprobación de urgencia nacional, empieza a vislumbrar un escenario poco favorable para el resto de iniciativas que conforman el paquete de transparencia.
Representantes de la sociedad civil temen que las iniciativas queden solo en buenas intenciones, ya que no existe voluntad para discutirlas. “El famoso paquete de transparencia ya quedó en el pasado, ahora con suerte se lograrán aprobar dos o tres proyectos” explicó Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana.
La falta de interés, capacidad y voluntad son los factores que ponen cuesta arriba la aprobación de los proyectos, según Marroquín. Sin embargo, mantendrán la presión social para que los diputados no cambien de página tan fácilmente.
El atraso en la aprobación de estas leyes no sorprende a Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. “Esta temática legislativa va a encontrar obstáculos, porque esa legislación tiene un rechazo subyacente en diferentes sectores del país; hay grupos poderosos que no quieren quedar vulnerables ante la ley”.
De manera que los proyectos no van a avanzar de la forma como se necesita. La activista considera que el primer punto que debe resolverse es que la Bancada Lider cambie de actitud para que se pueda avanzar. En cuanto a la necesidad de los proyectos, recordó que estos son complementarios de la ley de actualización tributaria.
INTEGRALES
Para Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), es importante que el paquete de leyes sea integral. “El abordaje debe ser sistémico, que requiere abordar diferentes partes de la corrupción. El primer proyecto es de tipo penal, es necesario tipificar los delitos relacionados a la corrupción, por eso hay tanta resistencia”.
Considera que el delito del enriquecimiento ilícito es el primer paso, dado que el resto de proyectos se refieren a la calidad del gasto, “la ley contra la corrupción es la base de todos los demás, por lo que si no se aprueba, el resto de proyectos difícilmente tendrán éxito” resaltó.
Otra de las críticas es que la Ley de actualización tributaria no vaya de la mano con las leyes de transparencia, debido a que no pueden darse mayores recursos cuando no hay garantías de calidad de gasto.
“Se vislumbra un escenario patético, nos parece que las leyes llevarán muchísima discusión; pero tememos que se aprueben, que se les reste los ‘dientes’ con los que cuentan” señaló Jorge Santos, analista del Centro Internacional para Investigaciones de Derechos Humanos.
PAQUETE DE LEYES
En marzo pasado, el Ejecutivo entregó dos proyectos que establecían reformas a siete leyes y la creación de cuatro nuevas. Sin embargo, los diputados coincidieron que la debilidad de las propuestas era tal que requerían una mejora. La Comisión de Transparencia y la de Legislación y Puntos Constitucionales tomaron la batuta para fortalecer los proyectos de manera que mejoraran la calidad del gasto y la fiscalización.
De momento, la Ley de fortalecimiento a la institucionalidad cuenta con dictamen de la sala de transparencia. Las reformas alcanzan a la Ley de la Contraloría, Ley orgánica del Presupuesto y de la Superintendencia de Administración Tributaria. El proyecto también cuenta con la creación del Sistema Nacional de Estadística.
Queda pendiente el segundo proyecto de transparencia y calidad del gasto que incluye: Ley contra el enriquecimiento ilícito (aprobada en primera lectura), Ley de fideicomisos, reformas a la Ley de servicio civil, Ley de probidad, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de planificación de la gestión pública.