Con las enmiendas presentadas por parte de la Comisión de Legislación, el proyecto de ley penal contra el enriquecimiento ilícito tiene luz verde para concluir su aprobación. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil temen que se registren nuevos tropiezos que no permitan incluirla en agenda.
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Aunque todo apunta a que la ley contra la corrupción está lista para aprobarse, muchas dudas surgen en las organizaciones sociales que han promovido el proyecto. El temor parte de la falta de voluntad política que ha prevalecido en el Congreso.
La ley ha estado en un estira y encoge desde hace varios meses, lo que no permite establecer la ruta que tomará. Si bien los discursos de los políticos se mantienen en el compromiso de aprobar la ley, la práctica dice lo contrario.
“El camino es difícil, ya que el Congreso ha mostrado la negociación espuria que mantiene, la cual está vinculada a intereses económicos de pequeños grupos que rebasan inclusive la institucionalidad de los partidos políticos. Esto no permite el avance de la agenda de beneficio nacional” señaló Jorge Santos, activista del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos.
Para Santos, la ley contra la corrupción no es la única que camina contra corriente. La propuesta de Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos durante la guerra interna, son algunos de los ejemplos de propuestas que los congresistas no quieren.
La preocupación de no saber si habrá ley contra la corrupción también la comparte la Directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, quien señala que con la presentación de las enmiendas consensuadas, se abren nuevamente las puertas para su aprobación, pero ahora solo queda establecer si tendrá el apoyo.
“Luego de la aprobación del presupuesto surgieron movimientos en el Congreso sobre la aprobación de temas que constituyen parte de la agenda del gobierno central, como es la aprobación de los bonos y las tan apreciadas reformas del Presidente; en este momento, el Gobierno y la bancada están aprovechando que sigue vigente la alianza que crearon para aprobar junta directiva” señaló la activista, de manera que la ley contra la corrupción no se vislumbra en ese listado de prioridades.
Para Sandino Asturias, de la Mesa de Seguridad y Justicia, es claro que el Gobierno no tiene interés en aprobar la ley, pese a la retórica del Presidente de anunciar en múltiples ocasiones el apoyo a la propuesta.
“Están bloqueando una ley de beneficio, la cual cobra importancia luego del presupuesto aprobado” señaló Asturias. De manera que el panorama, se torna incierto y serán los diputados quienes decidan finalmente aprobarla o bien dejarla en el olvido.