El Congreso de Estados Unidos concluye actividades este viernes antes del receso de verano boreal, sin concretar varios temas latinoamericanos, en especial los TLC con Perú, Panamá y Colombia, y una fracasada reforma migratoria que afecta sobre todo a hispanos.
Los tres acuerdos de libre comercio negociados por el gobierno de George W. Bush con países latinoamericanos quedarán para consideración del Legislativo cuando inicie la segunda etapa de sus actividades del año en setiembre.
Desde que asumieron el control del Congreso en enero, luego de las legislativas de noviembre, los demócratas multiplicaron exigencias a los países que buscan acuerdos comerciales con Estados Unidos, al punto que los textos de los pactos han debido modificarse y las legislaciones de algunos países adaptarse.
La mayor parte de los pedidos de los demócratas se centraron en un fortalecimiento de las normas ambientales y laborales en los potenciales socios.
Así el Congreso peruano ratificó a fines de junio un protocolo de enmiendas al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en tanto en Colombia, donde el presidente Alvaro Uribe ya firmó la ley por medio de la cual se aprobó el acuerdo, el Congreso tiene a consideración las modificaciones al texto exigidas por los demócratas.
En el caso de Panamá, los pedidos demócratas ya fueron introducidos al texto firmado el 28 de junio entre ambos países.
Los dos congresistas demócratas clave para la aprobación de cualquier TLC viajarán la próxima semana a Lima para reunirse con autoridades peruanas, informó el jueves a la AFP una fuente legislativa estadounidense.
El viaje de Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, y de Sander Levin, miembro del subcomité de Comercio, tendrá lugar del 5 al 7 de agosto.
El gobierno peruano tenía esperanzas de que el TLC fuera tratado en julio.
Los dos congresistas habían señalado que acudirían también a Panamá, pero el viaje finalmente no se realizará como se había anunciado.
De los tres acuerdos, el más comprometido es el negociado por la administración Bush con Colombia.
A fines de junio, los demócratas de la Cámara de Representantes emitieron una declaración conjunta firmada por la presidenta Nancy Pelosi, el líder de la minoría Steny Hoyer, así como por Rangel y Levin, en la que signaban la suerte a corto plazo del TLC con Colombia.
«Hay una amplia preocupación en el Congreso por los niveles de violencia en Colombia, la impunidad, la falta de investigación y procesamiento, así como el papel de los paramilitares», afirmaron. «Asuntos de esta naturaleza, no pueden ser resueltos solamente mediante el lenguaje en un acuerdo comercial», dijeron.
«Creemos que primero tiene que haber pruebas concretas de resultados sostenibles en el terreno», subrayaron. «Por tanto, no podemos apoyar ahora el TLC con Colombia», sentenciaron los legisladores.
Principal aliado de Estados Unidos en la región, y destinatario de fuertes ayudas económicas de Washington a través del Plan Colombia de lucha contra las drogas y los grupos insurgentes, Bogotá también tiene pendiente en el Legislativo norteamericano una extensión de ese mecanismo, por la que ha venido abogando Uribe en sus múltiples visitas a la nación norteamericana.
En la columna del debe del Congreso con los países latinoamericanos durante la primera mitad del año resalta además la ausencia de una reforma migratoria, que por segunda vez en menos de un año fracasó, dejando en el limbo a unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de origen latino o hispano.
El proyecto de ley abría la puerta a una regularización de los extranjeros ilegales que residen en Estados Unidos, creaba un sistema de contratos temporales para futuros inmigrantes y otorgaba 4.400 millones de dólares para reforzar el control de la frontera sur con México.
En Washington, analistas, miembros de las organizaciones proinmigrantes, y colaboradores de congresistas, coinciden en que la discusión de una reforma migratoria no se retomará hasta después de las elecciones presidenciales de 2008.