El tema de participación del Estado en empresas que explotan recursos naturales fue retirado de la propuesta de reforma constitucional del Organismo Ejecutivo. Entre otras cosas, el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, pidió a la Comisión para la Reforma de la Constitución que se dejara fuera del paquete.
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El hecho de que en la propuesta del Gobierno se incluyera que el Estado pudiera participar hasta en un 40 por ciento del capital accionario de empresas que explotan recursos naturales, causó el rechazo y solicitud de aclaración de parte de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala.
Ayer por la tarde, el Ministerio de Energía y Minas informó que el titular de esa cartera se reunió con la Comisión para la Reforma Constitucional, y “propuso que la propuesta relacionada con la participación del Estado hasta en un 40 por ciento de las acciones de las empresas que exploten recursos naturales no renovables propiedad del Estado, se aborde a través de una reforma a la Ley de Minería y una posible reforma a la Ley del Fondo del Petróleo”.
En ese sentido, el comunicado afirma que “el ministro Archila enfatizó que dentro de la propuesta de reforma a la ley de minería se contempla la creación de una empresa estatal, por lo que se podría incluir en dicha reforma la participación del Estado hasta de un 40 por ciento, en el sentido contemplado dentro de la reforma constitucional”.
DESPUÉS DE LA REFORMA
Antonio Arenales, secretario de la Paz y también asesor del mandatario para la reforma constitucional, dijo que la eliminación de los artículos sobre minería y fondo de garantía, se debe a que las reformas constitucionales se enfocan en aquello que necesita ser modificado, y esa parte se puede hacer vía legislación ordinaria.
Arenales agregó que se habló con sectores interesados en el tema como el sector privado y posibles inversores, también con el Ministro de Energía y Minas sobre regulaciones petroleras y mineras, y advirtieron que, la mejor manera de tenerlo regulado, es la coherencia en las leyes; por lo que se traslada el tema a la ley de minería que se está trabajando de parte de la cartera.
Por tanto, en la Constitución se requieren los principios básicos y el resto de regulaciones en la legislación ordinaria. La reforma constitucional iría primero que la Ley de minería, según Arenales, para que ambas puedan encajar de manera coherente.
Por aparte, Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que aunque todavía se analiza el segundo borrador de la propuesta oficial, señaló como positivo el hecho de que el artículo minero se haya retirado de la propuesta.
Reunión con Pérez Molina
El grupo denominado “G-4”, que integra a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a las iglesias Católica y Evangélica, y a la Procuraduría de Derechos Humanos, se reunió con el presidente Otto Pérez Molina esta mañana, para abordar el tema específico de las reformas constitucionales.
La agrupación solicitó la cita únicamente con el mandatario, para tratar el tópico a nivel general y pedir tiempo prudencial para hablar de algo tan importante como la reforma a la Carta Magna.
Estuardo Gálvez, rector de la Usac, dijo que se ha reflexionado sobre la necesidad de lograr los mayores consensos posibles, pues el país históricamente ha estado dividido, y que un tema como la reforma no debería provocar más divisiones.
Entre menos consensos existan, “hay un mayor riesgo de que de enviarse la propuesta al Congreso de la República, esta propuesta se desvirtúe por influencias de sectores, de pensamientos”, señaló.
“Lo que reconocemos es que hay que aprovechar bien la oportunidad, que no podemos cometer ningún error; que lo único que se pueda reformar es aquello que mejore la vida de los guatemaltecos y que cualquier reforma que no tenga ese propósito no tiene por qué abordarse”, agregó, por tanto, “la mayor propuesta de éxito radica en el consenso que se pueda lograr”, enfatizó.