El Gobierno de Guatemala, en días recientes, manifestó tener intenciones de impulsar una reforma del Estado, a través de una reforma constitucional, sobre la que todavía se desconocen detalles a profundidad. Sin embargo, el tema ambiental debería incluirse, según activistas del sector.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional, Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), dijo que la actual Constitución, en materia ambiental, está bien desarrollada y tiene principios avanzados.

Sin embargo, de establecerse la necesidad de una nueva reforma al texto de la ley fundamental, se debe tratar de consolidar derechos en la materia, según Maldonado. A este respecto, debería empezarse por reconocer el derecho específico a vivir en un medio ambiente sano, que primaría sobre cualquier otro relacionado con el tema.

Adicionalmente, otro derecho que debería contemplarse para incluir en el contenido constitucional, a criterio del activista, es el derecho explícito del derecho humano de acceso al agua potable.

RECURSOS NO RENOVABLES

Con el objetivo de establecer un clima de paz social en el país, Maldonado destacó que se deben regular las actividades de explotación de recursos naturales no renovables, principalmente minería, para que no sean declaradas de utilidad pública.

En ese sentido, señaló que «a través de la Constitución, debería prohibirse la minería metálica a cielo abierto», derivado de que primaria el derecho a un ambiente sano.

Por otro lado, establecer el tema de la voluntad de las poblaciones para el desarrollo de ese tipo de actividades, principalmente minería y explotación petrolera.

De esa cuenta, el activista de CALAS resaltó que el tema de las consultas a las poblaciones potencialmente afectadas por esas industrias, no necesariamente se debe incluir en la Constitución, sino que puede establecerse en diferentes leyes como las de minería, electricidad y la relacionada con extracción petrolera.

“El tema es que en materia minera, no se debería declarar de utilidad pública –el uso de esos recursos”, puesto que, según refirió Maldonado, “bajo ese pretexto, el  gobierno decide y avanza apoyando a las empresas sobre la voluntad de la ciudadanía”.

En conclusión, el ambientalista considera que “el tema de explotación de minas e hidrocarburos no debe aparecer en la Constitución Política de la República”, sino que debe regularse por medio de normas legales de menor rango.

Por tanto, según Maldonado, al no aparecer los temas minero y petrolero en la Carta Magna, se tendría la prevalencia del bien común, el derecho a un ambiente sano y el respeto a las decisiones comunitarias de las poblaciones que habitan las áreas donde exista potencial de esos recursos.

Con esto, “se evitaría la argumentación de los gobiernos, de que no pueden detener las actividades mineras aunque las comunidades lo requieran o rechacen, porque en la Constitución se garantiza su aprovechamiento”, señaló.

De esa cuenta, se dejaría de utilizar el pretexto de los gobernantes, que es de utilidad pública explotar esos recursos, indicó Maldonado.