La Empresa de Telecomunicaciones de Bolivia (Entel) fue multada por fallas en el servicio, en momentos en que una disputa por su posesión entre el gobierno y la italiana Telecom -su actual administradora- podría llegar al arbitraje internacional.
El consorcio telefónico deberá pagar 29,4 millones de bolivianos (más de 3,5 millones de dólares), por fallas en el servicio de telefonía local e internacional y por no haber entregado sus planes de expansión y metas de calidad para los próximos seis años.
La Superintendencia de Comunicaciones aplicó la multa el pasado 11 de mayo aunque ésta se conoció recién este domingo. El ente justificó la sanción en base a la revisión de documentos de 2000 y 2001 que demostrarían que la compañía no hizo las inversiones a las que se había comprometido y no estaba prestando un servicio adecuado.
El ente de control ratificó que Telecom no invirtió parte de los 612 millones de dólares que prometió hace una década, a cambio del 50% del paquete de acciones de Entel, entonces una importante empresa estatal.
Según el ente de control la empresa italiana habría invertido 470 millones de dólares, 140 millones menos de lo acordado, mientras que Telecom sostiene que en una década rebasó su meta y erogó 720 millones de dólares.
El consorcio internacional viene exigiendo desde abril -cuando el gobierno anunció su intención de estatizar la empresa- una auditoría independiente «a fin de despejar cualquier duda sobre el cumplimiento de los compromisos al respecto.»
La multa llega en un momento en que el gobierno intenta el control del negocio, en poder de Telecom, que detenta 50% de las acciones.
Sin embargo la negociación sobre el traspaso de acciones de Entel se encuentra paralizada momentáneamente a raíz de la intención de Telecom de que las gestiones se realicen en el extranjero, propuesta que el presidente Evo Morales ha rechazado.
En este proceso, Telecom demandó a Bolivia ante el centro de arbitrajes internacionales CIADI del Banco Mundial por la decisión de Morales de querer controlar la mayoría del paquete accionario de Entel.
De acuerdo a procedimientos del CIADI, del que Bolivia se retiró a principios del mes de mayo, hay un plazo aún vigente de seis meses para que gobierno y empresa alcancen un acuerdo o de lo contrario se irá a arbitraje.
El gobierno boliviano cifra sus posibilidades de nacionalizar la empresa, privatizada en diciembre de 1995, precisamente en que Telecom no habría invertido lo prometido.
Telecom controla 50% de las acciones de la boliviana Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), mientras 47% pasó en abril a manos del Estado, tras la decisión de Morales de ordenar ese trámite a dos administradoras de fondos de pensiones. El 3% está administrado por empleados de la empresa e inversionistas privados.