A raíz de lo ocurrido en Tejutla, la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense emitió un sensato manifiesto, mediante el cual se solidariza con el alcalde y el concejo tejutleco y pide a las autoridades gubernamentales una investigación profunda para comprobar la presunta culpabilidad de algunos ediles, recordando que la Ley garantiza la presunción de inocencia, y que se eviten declaraciones apresuradas en detrimento de la honorabilidad de cualquier persona.
En apoyo de esa proclama y también con el objeto de colaborar con el Ministerio de Gobernación, porque no es prudente exacerbar los ánimos, traigo a cuenta que los vecinos de Tejutla, se integraron desde hace cinco años en Comisiones de Seguridad (pero recién descubiertas por subordinados del titular del Interior), para velar por la vida, seguridad física y bienes de sus habitantes, en ausencia de una delegación de la Policía Nacional Civil.
Puntualizo que no justifico, en absoluto, que los guatemaltecos pretendan hacerse justicia por sus propios medios, y que si los tejutlecos acusados de secuestros y extorsiones se les prueban esos delitos sean castigados conforme veredictos de los órganos jurisdiccionales; pero debe tomarse en consideración que en Tejutla nunca ha ocurrido un linchamiento; que los sujetos que han sido retenidos por esas juntas de seguridad, sospechosos de proceder ilícitamente, siempre los han entregado a la comisaría de la PNC en San Marcos, para que sean procesados; que el aparatoso operativo del lunes 17 incluyó a más de 700 policías y soldados y decenas de autopatrullas, sin que se haya incautado ni siquiera obsoletas escopetas que los vecinos utilizan para cazar conejos y palomas y ahuyentar a las aves que dañan cultivos de trigo y maíz; que entre los capturados se encuentra un respetado septuagenario dedicado a promover actividades culturales; como lo detallé en otro artículo; que el origen de todo la desproporcionada operación policial fue la retención y posterior entrega a la misma PNC de un extranjero que fingiéndose médico habría estafado a incautas familias del área rural de Tejutla.
Hasta el momento, no se conocen los nombres de las personas supuestamente extorsionadas y secuestradas, a no ser los agentes temporalmente retenidos y el presunto estafador. Conviene recordar, también, que las mismas autoridades que ordenaron ese operativo -como si fuera a combatir a una banda de narcotraficantes- recientemente permitieron un canje en la sede de la Gobernación Departamental entre agentes de la PNC y nativos de la aldea San Sebastián, que ingresaron de contrabando decenas de cajas de huevos provenientes de México, en un camión que la Policía devolvió conjuntamente con el producto avícola.
Si el Estado cumpliera por lo menos con lo que establecen los dos primeros artículos constitucionales no habría necesidad de que la mayoría de los guatemaltecos vivieran enjaulados en colonias y barrios populares para resguardarse de la delincuencia, y no habría razón para que se integren juntas de seguridad que, ciertamente, muchas veces se exceden y cometen delitos.
Advierto que no es ganas de fastidiar al Gobierno, sino de recomendarle que funcionarios de menor jerarquía no contribuyan a acrecentar el estado de conflictividad social, como ha ocurrido en Tejutla.
(La mujer del teniente Romualdo Tishudo le dice a su vecina:-Carla, ¿Estás enferma? Es que un médico salió de tu casa hace rato. –Pues ayer vi salir a un comisario de tu casa y no creo que sospechen que sos extorsionista ¿verdad?).