La resolución del juzgador puso sobre la mesa una página en blanco en la que se escribirí­an, con lujo de detalles, las brutales violaciones a los derechos humanos ordenadas desde los gobiernos de la época en contra de poblaciones indí­genas y campesinas. Se asomaba una nueva oportunidad para conocer otro fragmento de la verdad dentro de ese proceso judicial.

El principal antecedente jurí­dico a lo anterior era el, casi inverosí­mil, fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 12 de diciembre de 2007, en el que se estableció que España no tiene jurisdicción para juzgar a los cinco militares y a los dos civiles implicados en ese caso.

La pregunta cuatro meses después fue: ¿por qué los militares se interpondrí­an a la recepción de los testimonios si la CC los habí­a amparado al rechazar las acciones de España en ese caso?

Una posible respuesta surgí­a lentamente el 15 de mayo de este año: Faustina Cojón describí­a cómo los miembros de su comunidad de Rí­o Negro y Plan de Sánchez fueron ejecutados por los patrulleros militares. Las audiencias de declaración solicitadas por la comisión rogatoria concluyeron esa fecha y cinco dí­as más tarde iniciaban las amenazas telefónicas contra el juez Cojulum. Fue evidente que los tejedores de impunidad vieron amenazadas sus intenciones de injusticia.

Hace pocas semanas los miembros de la Fundación de Antropologí­a Forense de Guatemala denunciaron, una vez más, amenazas de muerte. El origen de las intimidaciones es el trabajo cientí­fico que esa entidad ha realizado por muchos años; el cual se convierte en una fehaciente prueba contra los implicados en los hechos de genocidio denunciados en el paí­s.

Esa forma «clásica» (por llamarla de algún modo), de amedrentar a quienes «atentan» contra el poder militar, ha existido desde las sanguinarias dictaduras contrarrevolucionarias y penetró la estructura de los gobiernos «democráticos» de nuestros dí­as: los tejedores de impunidad siguen operando desde sus furtivos y lujosos cuarteles.

Hablamos de las manos que tejen esa maraña y que ordenaron en el pasado los asesinatos de cientos de estudiantes, sindicalistas, maestros, etc., la desaparición de comunidades enteras, y otros hechos atroces. Esas mismas manos ejercen presión sobre las propias entidades del Estado a cargo del «combate a la impunidad» (como el Ministerio Público), y que absortos esperan sus órdenes.

¿Qué espera el MP para investigar de dónde provienen esas amenazas y deducir responsabilidades?, ¿cuánto más tendrán que soportar intimidaciones aquellos que luchan dí­a a dí­a por la justicia en este paí­s?, ¿cuándo piensan atar las manos de esos tejedores de impunidad?