Personalmente no creo que esto deba ser objeto de investigación de la CICIG, sino que debiera ser motivo de vergí¼enza para el gobierno que no supo exigir al Ministerio Público acciones más concretas para avanzar en esta investigación y que tampoco supo deducir la responsabilidad que tiene la Superintendencia de Bancos que, según informaciones disponibles, supo de primera mano cómo estaban operando en el Banco de Comercio al engañar a los clientes pero decidió no actuar, supuestamente para no generar temores entre los clientes de todo el sistema bancario nacional.

Si los funcionarios públicos tienen elemental sentido de su responsabilidad, en este momento tendrí­amos que estar conociendo ya las renuncias del fiscal a cargo del caso, de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos que no cumplieron con su misión y debiera de iniciarse una acción penal en su contra, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que se puedan derivar porque al final de cuentas ellos han permitido que los responsables evadan la acción de la justicia.

Desde hace meses muchos venimos diciendo que el caso del Banco de Comercio amerita una investigación más profunda porque no es una simple operación bancaria que dio malos resultados y en la que se produjo una pérdida como la que puede darse en cualquier tipo de negocio. Es un caso en el que de manera deliberada se mandaron a imprimir certificados de depósito con todas las caracterí­sticas del banco para engañar a los clientes, a quienes se ofrecí­an mejores beneficios supuestamente por su lealtad a la institución y por la cantidad de dinero que manejaban en sus cuentas, haciéndolos sacar el dinero que tení­an en la parte regulada del banco para trasladarlo a un ente que no era parte del sistema financiero nacional.

Se ha dicho que ese banco pagó las consecuencias de lo ocurrido en el Banco del Café y de la ausencia de billetes provocada por imprevisión de la autoridad monetaria. Pero cuando uno conoce al detalle cómo fueron engatusados los clientes se da cuenta que hubo un hecho premeditado y que esos factores señalados posiblemente precipitaron el derrumbe y a lo mejor hasta evitaron que más incautos cayeran, pero es obvio que alguien tuvo la perversa intención de estafar a los clientes.

Es una pena que hasta ahora se dieran cuenta del crimen cometido pero no se trata de endosar ahora la responsabilidad de investigar a alguien más. Que lo haga quien tiene por ley la obligación de hacerlo y que además se vea claramente cuáles han sido las fallas más importantes en cuanto al proceso realizado. Que se vea por qué la Policí­a Nacional Civil no ha actuado, por qué la fiscalí­a ha sido tan inútil y por qué el Superintendente de Bancos no cumplió con sus deberes. Y que se abra proceso a los que faltaron a su responsabilidad. Lo demás, hablar de la CICIG, es seguirle dando largas al asunto.