El Juez que conoce el proceso contra el Alcalde de La Antigua Guatemala por los abundantes actos de corrupción que fueron denunciados por algunos concejales y por habitantes honorables de la Ciudad Colonial, fijó a la Contralora de Cuentas el plazo de 30 días para que rinda un informe detallado sobre los manejos turbios realizados por ese político que desde que fue candidato supo montar un sistema que le permitió “importar” vecinos de otros municipios para ganar la elección cuando fue postulado por los Colom y la UNE.

Ahora su desgracia le llega tras ser reelecto por el Partido Patriota porque, obviamente, el jefe edilicio no tiene entre sus virtudes el conocimiento de lo que es la rectitud.
 
 Pero el caso que me interesa destacar es el de la Contraloría de Cuentas, puesto que resulta que esa instancia tendría que ser pieza clave de la acusación desde que se empezaron a conocer las denuncias de los trinquetes que Vivar y su parentela hacían en Antigua Guatemala. Pero la Contraloría de Cuentas en Guatemala es poco menos que una entidad decorativa y prueba de ello es que el Juez le ha tenido que ordenar a la Contralora que haga una auditoría, misma que debiera haberse hecho desde el momento en que sonaron las primeras señales de alarma sobre la forma en que se estaba saqueando a la Municipalidad antigüeña.
 
 Por eso es que siempre he insistido en que Guatemala necesita más que una reforma constitucional una reingeniería a fondo de la Contraloría de Cuentas, porque resulta que aquí nadie es nunca responsable de los malos manejos que se hacen en las instituciones públicas. Tan no es cuestión de reforma constitucional, que la misma Constitución establece que la Contraloría está obligada a supervisar todas las cuentas públicas y aun aquellas que se forman mediante recaudaciones realizadas por particulares. En otras palabras, ni siquiera los fideicomisos están exentos del control que debe realizarse por mandato constitucional, pero ni a mentadas de madre se logra que le entren al peliagudo asunto. Si los bancos del sistema se niegan a dar información, bastaría que la Contralora pidiera un Amparo para garantizar el imperio de la norma de la Constitución para que se obligue a los bancos a rendirle cuentas.
 
 No deja de ser una sonora vergüenza que tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre el lavado de dinero y otros trinquetes, el Juez le tenga que ordenar a la Contraloría que haga lo que debió haber hecho en cumplimiento legítimo de sus fines y funciones. Y lo más probable, según los abundantes antecedentes, es que la CGC nos salga con un informe en el que señalan que faltan un par de comprobantes y que hay que ponerle una multa a Vivar de cien pesos o algo por el estilo y otro tanto al tesorero, puesto que así lo saldan todo, así resuelven los casos de corrupción que abundan en el país.
 
 De hecho, si fuera por lo que la Contraloría hace y por los procesos que inicia, uno tendría que suponer que Guatemala es un país de absoluta transparencia donde no hay corrupción y, si acaso, hay algunos funcionarios despistados que no observan todos los requisitos a la hora de hacer gasto con los fondos públicos. ¿Dónde hay un pícaro en el bote porque la Contraloría detectó que amañaron un contrato?
 
 Y todavía así nos quieren hacer creer que el problema es la Constitución, que hay que reformarla porque ya cumplió 18 años. Puras babosadas; el problema es de actitud, de decencia y determinación. No se puede hablar de transparencia con una entidad fiscalizadora experta en hacerse babosa. Si no lo cree, pregunte qué dijo la Contralora sobre el negocio del puerto. Su simple respuesta será como la de Pepito: “no se oye, padre”.