A principios de semana me llamó la atención el titular de Siglo.21: “Transfuguismo socava la democracia del país”, seguido de una frase exageradamente optimista: “Analistas estiman que (la) solución está en crear partidos políticos ideológicos sólidos”, opinión que derrumbó de golpe y de entrada mi débil confianza en que el autor del acucioso reportaje habría encontrado senderos para emerger de la inveterada crisis del siempre naciente sistema democrático representativo de Guatemala.

Indudablemente que el periodista Byron González puso todo su empeño y dedicó su entusiasmo y conocimientos para elaborar un muy bien documentado reportaje, en el que presenta los diferentes escenarios en que se desenvuelve la clase política en el Congreso, detallando con esmero la conformación de las bancadas y especificando los aproximadamente 60 cambios de destino de los diputados que han emigrado de una bancada a otra, algunos de los cuales los han hecho tres veces en un año durante la actual legislatura.
 
Sin embargo, cuando el diligente cronista intentó buscar soluciones para evitar ese desventurado fenómeno llamado transfuguismo no encontró el método, mecanismo o fórmula que pudiera aplicarse, al consultar a los siempre predispuestos analistas políticos que no necesitan hacerse de rogar para emitir su sabias exposiciones, porque de inmediato arribaron a la reiterada conclusión que lo más expedito lo constituye las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), sugerencias o recomendaciones que han caído en el vacío, simplemente porque los llamados a modificar esa normativa no son otros que los propios diputados, incluyendo a los que se mudan de uniforme cada vez que reciben dinero o escuchan promesas que se encaminan a su reelección, sin que medie ninguna consideración de carácter ideológico,  porque, con una que otra rara excepción de minúsculas agrupaciones de la atomizada izquierda, no es posible la existencia de partidos que representen las diversas expresiones y necesidades de los ciudadanos, como lo sugirió uno de los  expertos.
 
Pero –perdonen la expresión– ¿cómo carajos se va a lograr que los mismos individuos  que dirigen esos grupos tengan la menor voluntad de embarcarse en una tarea que a la postre significaría su extinción en el malvado ámbito político?  
 
Como ya lo indiqué en  más de una ocasión, no se requiere haber obtenido un doctorado, maestría o simple diplomado en disciplinas relacionadas con la actividad política, ni tampoco es preciso devanarse los sesos en largas, profundas y exhaustivas jornadas de reflexión, a fin de establecer que para iniciar la modernización del sistema político-electoral es insoslayable que se proceda a la democratización de los mismos partidos, porque de lo contrario, si persiste el procedimiento actual en la dirigencia de esos colectivos y la designación de sus candidatos a cargos de elección popular, no debería perderse el tiempo en pretender sanear la corrupción prevaleciente que, como ya lo han dicho otros columnistas, no consiste solamente en el transfuguismo sino en otras prácticas propias del crimen idealmente organizado
 
La norma constitucional que se refiere a la distribución de los distritos electorales y el artículo 205 de la LEPP que contempla  igual asunto devienen en camisas de fuerza que impiden que prevalezca una gota de decencia en el Congreso y en el campo político, de tal manera que considero que la única solución es que los ciudadanos no avalemos en lo futuro, con nuestro voto, la supervivencia de esa casta que ha perdido cualquier noción de recato y respeto a los electores.
 
En otras palabras, los guatemaltecos nos encontramos en un callejón, no sin salida, sino con una tapia al final de su trecho, que impide autoritariamente la participación de ciudadanos honrados, capaces y dignos en la conducción del Estado. 
  (Irrespetuosamente el analista Romualdo Tishudo dice que una diputada habló por primera vez cuando ya estaba muerta).