Del número de amparos interpuestos este año, 30 fueron suspendidos, 7 desistidos y 8 fueron remitidos por competencia a la citada cámara. A las acciones no resueltas en los primeros cinco meses del año se suma un «expediente residual» de más de mil 200 amparos sin sentencia desde 2006.

La CSJ insiste en la «necesidad» de la aprobación de las reformas a la Ley de Amparo que se encuentra en el Organismo Legislativo desde 2005.

Luis Fernández Molina, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, negó que la cámara que preside haya resuelto tres amparos en cinco meses: «De los resueltos que entraron este año hay más de 12», señaló, y explicó que mientras se tramitan los recursos de 2008 se resuelven los de otros años.

El magistrado explicó que el trámite normal de esas acciones dura de dos a cuatro meses debido a los perí­odos de prueba y programación de vistas públicas que son giradas a las partes. «En esta cámara nos propusimos a resolver los amparos en cinco meses y lo hemos logrado, cuando antes el promedio era de diez a doce meses», declaró Fernández.

Además, insistió en que «es una necesidad apremiante para la CSJ la aprobación de las reformas a la Ley de Amparos», la cual permitirí­a, entre otros aspectos, priorizar en función del fondo del planteamiento, hecho que no es posible con la Ley actual.

Crí­tica

Jorge Santos, analista del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, refiere que la valoración que existe en el paí­s sobre ese tema es, en primer lugar, el exceso en recursos que sólo atrasan la aplicación de la justicia y que redunda en el incremento de la impunidad como algo cotidiano.

El entrevistado citó dos aspectos a analizar en ese tema: «el estructural; que se refiere al uso y abuso de los recursos de amparos que se relaciona con el nivel de incidencia que tiene que esos recursos no son resueltos».

El segundo aspecto citado por Santos fue «el institucional», en el cual refirió que los casos de violaciones a los derechos humanos tienden a ser más largos que los que son denunciados por otros hechos delictivos; y enfatizó en la existencia de «negociaciones polí­ticas que aceleran o retrasan un caso en la CSJ», declaró.