Las audiencias de recepción de prueba testimonial en el proceso de debate del caso de la estafa en la Portuaria Quetzal, fueron suspendidos por no contar con documentos originales de la causa.
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En el Tribunal Primero de Sentencia Penal dio inicio el debate oral y público en contra de Juan Carlos Cabané Ortega, ligado a proceso por la estafa de 15 millones de quetzales a la referida portuaria, en el año 2004.
El debate inició luego que el Ministerio Público (MP) apelara la sentencia absolutoria que dictara por unanimidad el Tribunal Quinto de Sentencia el 4 de septiembre de 2006. La sala que conoció la apelación resolvió el reenvío del proceso el cual quedó a cargo del Tribunal Primero.
El fiscal Rafael Rojas explicó que el proceso fue suspendido porque el MP considera que es pertinente contar con los documentos originales, para que se cumplan con los requisitos del debido proceso y se establezca la autenticidad de los mismos.
La juez presidente del Tribunal Primero resolvió suspender las audiencias de hoy y trasladar las declaraciones de los testigos sugeridos por la parte acusadora para el 13 de septiembre del corriente.
La audiencia de declaración se efectuará a las dos de la tarde en la sede del Tribunal Primero.
Acusación
El MP acusa a Cabané Ortega por los delitos de lavado de dinero, caso especial de estafa, uso público de nombre supuesto y falsedad material e ideológica.
El proceso se abrió por la transferencia de la citada cantidad, del Banco de Guatemala (Banguat), hacia una cuenta del Banco Industrial, propiedad de Informática Avanzada Comercial.
El fiscal Rojas refirió que el ahora acusado no laboraba en ninguna de las instituciones, pero se hizo pasar como mensajero de la entidad estafada al solicitar que se realizara la millonaria transacción.
Actualmente se congeló una parte del dinero defraudado, (aproximadamente 14.7 millones), los cuales han sido reembolsados a la portuaria.
Jaime Leonel López, abogado representante de la Portuaria Quetzal y querellante adhesivo en el proceso, indicó que persiguen probar que Cabané es responsable por los delitos que el MP le ha atribuido.
Archivo
En este mismo caso se condenó a ocho años de prisión a Jorge Jonathan Lara Mollinedo, propietario de la empresa Informática Avanzada Comercial, por el delito de lavado de dinero en 2004.
El MP también había solicitado dos años de cárcel por estafa propia, sin embargo el Tribunal Tercero de Sentencia consideró que no se logró comprobar el mismo.