Una corte guatemalteca ordenó suspender los interrogatorios a cinco militares y dos civiles acusados del incendio de la embajada de España en 1980 en el que murieron 37 personas, al aceptar un recurso del ex dictador Efraín Ríos Montt, involucrado en el proceso.
Las indagatorias contra los acusados por genocidio ante la justicia española fueron suspendidas luego de que fuera aceptado un recurso de la defensa de Ríos Montt ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país.
La CC aceptó el recurso, el cual fue planteado luego que el Juzgado Undécimo Penal rechazara un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Tratado de Extradición suscrito entre Guatemala y España, precisó el abogado defensor Francisco Palomo.
Mientras la Corte no se pronuncie sobre el recurso, no se interrogará a los militares ni a los testigos, afirmó la juez Dinora Martínez.
Con esa decisión, también queda en suspenso el arribo del juez español Santiago Pedraz, quien tenía previsto viajar a Guatemala para participar en los interrogatorios entre el 21 de mayo y el 5 de junio próximos.
El pasado 26 de marzo, el juez Saúl Alvarez rechazó la petición y reabrió la petición de la Audiencia Nacional de España, que solicitó en junio del año pasado la captura de los militares implicados, entre ellos, los jefes de facto Ríos Montt (1982-1983) y í“scar Mejía (1983-1985).
En esa ocasión, el juez fijó que también interrogaría a 11 testigos, entre ellos la premio Nobel de la Paz de 1992, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, quien en 1999 interpuso la demanda en España.
Hasta el momento, sólo el general retirado íngel Guevara se encuentra en prisión, tras entregarse de forma voluntaria a las autoridades, mientras que el ex director de la policía, coronel Germán Chupina, está detenido en un centro hospitalario.
Menchú interpuso la demanda en España por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, al argumentar negación de justicia en su país.
El 31 de enero de 1980, las fuerzas de seguridad de Guatemala incendiaron la sede diplomática española y provocaron la muerte de 34 guatemaltecos que protestaban por la represión militar, así como la de tres funcionarios de la embajada, entre ellos el cónsul Jaime Ruiz del írbol.