José Lemus, viceministro de la Defensa, dijo en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que por orden del Presidente, el contrato de usufructo se suspendía para que se analizara y se llegara a acuerdos, a fin de disipar las dudas que ha generado.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el mandatario aún realizaba actividades y no había hablado con periodistas, a fin de confirmar si había tomado esa decisión.

Mientras tanto, el Interventor de la EPQ, Allan Marroquín, informó que se reunió durante la mañana con el Presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República, en la sede de la Portuaria Quetzal, en la zona 9 capitalina.

El estado de la EPQ durante este día, es que “hay una huelga ilegal”, en la que los trabajadores “han cruzado contenedores para evitar que puedan salir contenedores o transporte terrestre”, afirmó Marroquín, mientras señalaba que no habría ninguna razón para ello “porque no se le está afectando ningún derecho laboral”.

A este respecto, dijo que se tiene apostados en el lugar a fuerzas de seguridad, tanto militares como policías, “para evitar que causen algún daño”.

También señaló que se estarían enviando inspectores de Trabajo para que procedan con la declaratoria de ilegalidad de la huelga, lo que según indicó, se hará apegados a derecho, haciendo uso de los derechos que el patrono también tiene.

Según dijo el Interventor, cuenta con fotografías que demostrarían la cantidad de trabajadores en huelga, que serían unos 150, y agregó, también, que cuenta con videos que demostrarían que “este no es una tema sindical sino un tema político”.

NEGOCIAR

Allan Marroquín reiteró que se concedió un plazo de diez días para mantener el diálogo, “pero ellos -los sindicalistas-se salieron y empezaron con medidas de hecho”, pero continuamente se les estaría invitando a retomarlo.

“Este tema no se arregla con afectar al país; no se arregla con actos ilegales”, sino “sentados en una mesa y determinando cuáles son sus pretensiones y sus preocupaciones válidas”. En esa medida, se incorporarán las sugerencias, agregó.

Pero si la posición es que se oponen a un proyecto solo por oponerse, “entonces estamos complicados”, señaló.

INTERÉS POLÍTICO

Según indicó Marroquín, los intereses que están moviendo a los trabajadores de la Portuaria son distintos a los sindicales, pues serían las mismas agrupaciones políticas que firmaron las demandas contra el Interventor y subinterventor, que son diputados de la UNE y Lider.

Agregó que su permanencia en el puesto, que ayer varios diputados cuestionaron, depende del Presidente  de la República

PRIVILEGIAR DIÁLOGO

Carolina Castellanos, de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana  (Amcham), dijo felicitar al Gobierno de la República por la medida de enviar al Ejército e intervenir en la Portuaria.

Señaló que el daño que producen ese tipo de bloques afecta al flujo comercial por unos Q35 millones diarios y que, además, se afectan los ingresos de la portuaria que sirven para pagar los salarios de los ahora inconformes.

No es posible que se dañe a terceros por estar en desacuerdo con una medida, agregó.

Los sindicalistas manifiestan estar inconformes con el usufructo de tierra que se dio a la subsidiaria de la empresa operadora de terminales de contenedores TCB en terrenos de la EPQ.