El Tribunal Constitucional español suspendió hoy el proyecto del presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, de celebrar una «consulta popular» sobre el derecho a la autodeterminación en el País Vasco (norte), tras aceptar un recurso de Madrid contra esa votación.
El tribunal admitió a trámite los recursos contra el proyecto interpuestos por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), por considerar «inconstitucional» la consulta que quiere realizar el Presidente vasco.
La simple admisión a trámite de los recursos implica la suspensión automática del proyecto de ley aprobado el pasado 27 de junio por una corta mayoría en el parlamento regional vasco.
Dicho proyecto prevé «una consulta popular» en octubre sobre la «apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política» en el País Vasco.
El tribunal tomó su decisión por unanimidad, dos días después de la solicitud del gobierno español, presentada pocas horas después de la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del País Vasco.
La Corte dispone de cinco meses para pronunciarse sobre el proyecto, defendido por Ibarretxe y que es considerado por el ejecutivo central de Rodríguez Zapatero contrario a la Constitución española de 1978.
El gobierno español considera que la consulta «pretende marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la autorización de la consulta popular que se prevé» en la Constitución Española de 1978, según un comunicado del ministerio de Justicia.
Además, asegura que una de las dos preguntas previstas en la consulta viola la Constitución porque «es contraria a la atribución de la soberanía nacional al pueblo español (y no a una parte del mismo) y por la misma atenta contra la unidad de España».
En concreto, la pregunta inquiere: «Â¿Está usted de acuerdo en que los partidos políticos vascos sin exclusiones inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?».
La otra pregunta de la consulta, que Ibarretxe quiere celebrar el 25 de octubre, es: «Â¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?».
Tras conocer la decisión del Tribunal, Ibarretxe aseguró que se está trasladando al siglo XXI el principio del despotismo ilustrado, aplicando la máxima de «todo para el pueblo vasco pero sin el pueblo vasco».
«Si se prohíbe que preguntemos a la ciudadanía, es por su bien», dijo irónicamente el lehendakari (presidente regional vasco).
Por su parte, la vicepresidenta del ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el gobierno «está muy satisfecho» y que se «ha dado un paso más para impedir, con la ley en la mano» una consulta «ilegal».
El proyecto aprobado por los diputados regionales vascos prevé la organización de una «consulta popular» regional el 25 de octubre de 2008, vista como un primer paso de una «hoja de ruta» destinada, según Ibarretxe, a solucionar el conflicto vasco.