La audiencia de primera declaración de las seis personas capturadas ayer por supuesta corrupción en las comunas de Chinautla y San Miguel Petapa fue suspendida debido a que no se tiene claro qué juzgado diligenciará el caso.

La diligencia estaba prevista a las 9 horas de hoy en el Juzgado Noveno Penal, a cargo de la jueza Silvia Morales. Rendirían primera declaración Rafael Eduardo González Rosales, exalcalde de San Miguel Petapa; Edgard Alfredo Medrano Osorio, hijo del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano; Manuela Victoria Osorio, familiar del jefe edil y Erick Roberto Montepeque Toledo, representante legal de la ONG Asociación de Desarrollo Interinstitucional (ASIDUR).  

Francisco García Gudiel, parte del equipo de defensa de Efraín Ríos Montt, es el abogado de los señalados de lavado de dinero y estafa en dichas municipalidades. El letrado informó a los periodistas que la audiencia fue suspendida porque la Cámara Penal aún no ha entrado a conocer la duda de competencia planteada por la jueza Morales.

Según explicó García, no existe certeza si el expediente contra dichas municipalidades seguirá a cargo de la judicatura novena o pasará a manos de Carlos Aguilar, juez Segundo Penal, que conoció el proceso de antejuicio.

Por otro lado, contra los sindicados Julio Antonio Alvarado y Arison Rubicely Cordón, la juez Sexto Penal, Silvia de León, también reprogramó la audiencia por incomparecencia de los abogados defensores.

En tanto, la Sala Tercera de Apelaciones fue designada para que conozca dos antejuicios promovidos en contra del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano; los recursos fueron interpuestos por la Fiscalía y por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

LAS ACUSACIONES

La investigación del Ministerio Público (MP) se originó de un reporte de la IVE, de la Superintendencia de Bancos, sobre una transacción sospechosa por Q1 millón 795 mil; realizada desde la comuna de Chinautla hacia ASIDUR.  

Además, la Fiscalía rastreó otras tres transacciones que habrían puesto en evidencia un saqueo de fondos públicos de ambas municipalidades a dicha ONG.  El seguimiento de los fondos públicos además determina una distribución en cuentas particulares a nombre de los señalados.

Cordón y Alvarado son sindicados de apropiarse de más de Q1 millón 800 mil de la municipalidad de Chinautla, a través de una empresa creada para cobrar el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), servicio que según el MP nunca fue prestado.

CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, señaló que el comportamiento clásico de corrupción en las comunas involucra a los jefes ediles, no obstante ahora se evidencia que en las estructuras además participan las familias, muchas veces como testaferros; el entrevistado indicó que ésta sería una nueva modalidad de delinquir, que se observó también en el caso de Antigua Guatemala.