Pakistán criticó su suspensión por parte de la Mancomunidad Británica, diciendo que era «irrazonable e injustificada», y advirtió que el estado de excepción en el país no será levantado bajo presiones exteriores.
El gobierno de Islamabad «lamenta profundamente» la decisión de la Mancomunidad Británica de Naciones, «que no tiene en cuenta las condiciones» que llevaron a Pakistán a decretar el estado de excepción, el 3 de noviembre, señaló el ministerio en un comunicado.
En vísperas de su cumbre bienal en Kampala, la Commonwealth suspendió el jueves a Pakistán, «con efecto inmediato, a la espera de que se restauren la democracia y la autoridad de la ley».
«La decisión no es razonable y es injustificada», añadió la nota, que constituye la primera reacción oficial de Islamabad a la decisión tomada en Kampala.
«Pakistán tiene previsto revisar sus relaciones con la Commonwealth y su cooperación con esa organización», advirtió el comunicado.
Según precisó la nota, la instauración del estado de excepción fue necesaria para hacer frente a «una seria crisis interna» en el país, que ahora «está volviendo a la normalidad».
El presidente Pervez Musharraf decretó la medida para luchar contra la amenaza del terrorismo islamista, tras la multiplicación de atentados y la progresión en el noroeste del país de grupos armados cercanos a la red terrorista Al Qaida.
La medida, sin embargo, levantó la condena de la comunidad internacional, que acusa a Musharraf de querer mantener el poder ante las elecciones del 8 de enero.
Pakistán ya fue suspendido una primera ocasión por la Commonwealth en 1999, cuando Musharraf se hizo con el poder tras un golpe de Estado incruento. Esa exclusión duró cinco años.
La nueva suspensión decidida por el Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth (CMAG en inglés) es simbólica. Priva a Pakistán del derecho a participar en las reuniones, actividades intergubernamentales y programa de ayuda de esa organización que agrupa a las ex colonias británicas.
El CMAG también lamentó que, pese a las reiteradas peticiones de la Commonwealth, Musharraf aún no abandonó su cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, como promete desde hace varios meses.
El presidente paquistaní tiene previsto cumplir esa promesa durante el fin de semana, antes de jurar su segundo mandato presidencial, esta vez ya como civil, según sus allegados.
Musharraf fue reelegido el 6 de octubre por las asambleas nacional y provinciales salientes, que le son ampliamente favorables.
El Tribunal Supremo, «depurado» de sus miembros más críticos con el presidente inmediatamente después de la instauración del estado de excepción, validó el jueves la reelección de Musharraf.
Más de 5.000 opositores políticos encarcelados después de decretarse la medida fueron liberados en los últimos días.
El régimen también anunció la convocatoria de elecciones generales en enero, pero se niega a levantar el estado de excepción.
En esta situación, el ex primer ministro paquistaní, Nawaz Shariz, intentará volver al país desde el exilio dentro de cuatro o cinco días para participar en las legislativas de enero, anunció el viernes un portavoz de su partido.
Nawaz volvió a Pakistán el 10 de septiembre tras varios años en el exilio pero fue inmediatamente deportado a la ciudad saudita de Jedda.
Los líderes de la oposición paquistaní están divididos sobre un posible boicot de las elecciones de enero. El sábado mantendrán contactos para intentar acordar una estrategia común.
En una ligera mejora de las restricciones, el canal televisivo ARYOne volvió a emitir el viernes después de que Islamabad levantase una prohibición de transmisión, que aún mantiene sobre una segunda cadena, Geo News.