Y recordando su juramento hipocrático y su formación para salvar vidas, así­ como apelando a la postura de la socialdemocracia mundial respecto a la materia, el Vicepresidente dijo que se tomarán su tiempo para analizar la ley recién aprobada y que después del análisis respectivo dirán si la norma es sancionada o si la vetan. Indicó que han tenido algunas comunicaciones con la comunidad internacional porque varios paí­ses inquieren sobre la postura del Gobierno sobre esa delicada y compleja materia.

La verdad es que para el gobierno se trata de un problema serio en el que lo más probable es que salgan de todos modos perdiendo, porque si por convicción socialdemócrata y atendiendo a las presiones internacionales vetan la ley, se abren un frente enorme en el plano interno donde es indiscutible que hay masiva inclinación a considerar que la solución a los problemas de la inseguridad y violencia están ligados a la ausencia de ejecución de los condenados a muerte y a la no aplicación de esa pena capital.

Si, por el contrario, atienden ese clamor indiscutible de la población guatemalteca que en forma mayoritaria se expresa a favor de la pena de muerte, se abren frentes importantes con su propia Internacional, la socialdemócrata, y con muchos paí­ses que se mantienen activos en una campaña para erradicar la pena de muerte como castigo inhumano. Creo, desde luego, que para el Gobierno será más llevadero soportar el problema de la oposición de sectores como la Iglesia y de la Internacional Socialista y la Unión Europea, que enfrentar a una vociferante opinión pública local que ha sido conteste en avalar la pena de muerte.

Creo que los diputados de la UNE le hicieron un flaco favor al Gobierno al colocar al Presidente en ese pantano porque, en honor a la verdad, hay que entender que la ley aprobada en esta legislatura no tendrá efecto retroactivo y por lo tanto no se podrá aplicar a muchos de los que ya están condenados a muerte. Pero, además, es un pantano porque aunque se iniciara una serie de procesos expeditos para condenar a muerte a muchos sindicados de crí­menes, eso no detendrá el problema de la inseguridad, sobre todo porque el problema sigue estando en el tema de la impunidad y eso no se quiere aceptar ni entender.

Por otro lado, se plantea nuevamente un enfoque distinto entre lo que dice el Presidente de la República y lo que sostiene el Vicepresidente y esas señales, a estas alturas del gobierno, son preocupantes. Porque Colom dijo que no le temblará el pulso para enviar a la inyección letal a los condenados a muerte, dando a entender que no vetará la norma emitida por el Congreso para restaurar el indulto con el fin de quitar el valladar que ha imposibilitado la ejecución de los delincuentes.

Y ahora resulta que su Vicepresidente, al asumir interinamente el cargo de Presidente, dice que hay que reflexionar sobre la materia y que su formación como profesional de la medicina cuya finalidad principal es la de salvar vidas le hace ser doctrinariamente contrario a la pena de muerte. Tengo la impresión que Colom también es personalmente contrario a la pena de muerte, aunque sostiene que mientras forme parte de la legislación nacional está dispuesto a acatar las normas y a ejecutarla, pero es obvio que en un tema de tanta importancia y trascendencia, que impacta tanto en la opinión pública local como internacional, serí­a bueno tener una lí­nea coherente y mejor si se dejara que esos temas fueran abordados por el Presidente de la República que, al fin y al cabo, tendrá la responsabilidad de actuar.

No se puede pretender que exista absoluto entendimiento y unidad de criterios entre el Presidente y Vicepresidente. Siempre y en variados temas veremos discrepancias pero especialmente bajo las normas actuales, cuando ambos tienen funciones ejecutivas importantes, es conveniente que esas diferencias sean resueltas a lo interno para dar una opinión oficial conjunta, que traslade a la población la polí­tica del Gobierno, la actitud del régimen y no los criterios que pueden ser cambiantes de los funcionarios.

Salvo que se trate de diferencias abismales e irreconciliables, que obliguen a cada uno a fijar su postura sobre los temas polémicos, en el resto de casos, sobre todo cuando se trata de diferencias que pueden solventarse mediante el diálogo, debe agotarse ese camino antes de acudir ante los medios para que cada uno de los dos principales funcionaros del gobierno, al menos en la letra de la Constitución, haga la defensa pública de su punto de vista.

Pienso que el tema de la pena de muerte en Guatemala se convierte en un debate demasiado apasionado en el que la razón importa poco; hemos llegado a tal punto de desesperación que la gente no acepta argumentos cientí­ficos, ni académicos ni doctrinarios, relacionados con el tema. Lo que se desea es sentar precedentes, enviar un mensaje contundente a la delincuencia de que el Estado ha dispuesto castigar con la máxima energí­a a los responsables de crí­menes, aunque en el fondo todos sepamos que en todo caso esa pena se aplicará únicamente a quienes carezcan de medios para defenderse legalmente. Porque el tema de la impunidad significa, entre otras cosas, que una condena a la pena capital nunca se hará efectiva ni llegará en contra de quienes saben cómo delinquir y cómo sacar provecho de las flaquezas de nuestro sistema de investigación y de administración de justicia.