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A criterio de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el caso fue mayormente obstaculizado durante el período de Juan Luis Florido, anterior fiscal General del Ministerio Público (MP).
La fiscalía sostiene que no se había accionado contra los otros implicados debido a que la sentencia contra tres militares y un religioso no estaba firme debido a los recursos que estos interpusieron.
LOS OTROS
A casi ocho años de la sentencia emitida contra los militares Byron Lima Oliva, Byron Lima Estrada, y Obdulio Villanueva, quien fue asesinado en prisión, y contra el sacerdote Mario Orantes, la fiscalía especial que investiga ese crimen dio a conocer al menos 12 nombres de personas que posiblemente participaron en ese hecho.
Según las pesquisas, se trata de un grupo de jefes militares de la época y oficiales del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el gobierno de ílvaro Arzú. Cabe añadir que durante la sentencia el Tribunal apuntó que el crimen contra monseñor Gerardi fue perpetrado «con la ayuda de recursos y personal del Estado».
Entre los sospechosos también figuran personas que prestaron un «falso testimonio» durante el desarrollo del debate contra los ahora condenados.
Entre los militares investigados se nombra a: Rudy Vinicio Pozuelos Alegría, ex jefe del EMP; Francisco Escobar Blass, segundo jefe; Eduardo Villagrán Alfaro, jefe de Servicios; René Alvarado Fernández, entonces secretario de esa dependencia y Darío Morales García, quien tomó fotos de la escena del crimen.
También se mencionó a Ricardo Moscoso Celada, Representante Legal de la empresa Comagro, S. A., quien «despareció sin dejar rastro», según la Fiscalía.
Sin embargo, hasta ahora el MP no ha accionado contra los sospechosos pese a que el Tribunal que presidió el juicio contra los hoy condenados ordenó certificar lo conducente contra estos.
OBSTíCULOS
Nery Rodenas, Director de la ODHAG, indicó que pese a que desde 2001 el Tribunal ordenó investigar a 13 personas más, el caso no ha avanzado.
Rodenas atribuye ese estancamiento a los «bloqueos» del entonces Fiscal General Juan Luis Florido quien «desarticuló la fiscalía especial y obstaculizó la investigación adecuada», opinó.
El entrevistado añadió que durante la administración de Florido en el MP no se dotaron de recursos suficientes para que se investigara adecuadamente el crimen contra monseñor Gerardi.
«Aunque el actual Fiscal General ha hecho su mejor esfuerzo, el problema actualmente es que el hecho que haya gente pendiente de ser indagada dificulta las investigaciones cuando pasa tanto tiempo», expresó Rodenas.
Monseñor Gerardi fue brutalmente asesinado el 26 de abril de 1998 mientras entraba en su casa en la parroquia de San Sebastián.
El crimen fue ejecutado dos días después que presentara el informe Guatemala: Nunca Más, en el que responsabilizaba de forma directa al Ejército, a las patrullas civiles patrocinadas por el Estado y a los escuadrones de la muerte del 90 % de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Tres años después, el 8 de junio de 2001, los tribunales establecieron la existencia del delito de ejecución extrajudicial contra Gerardi y responsabilizaron como autores mediatos a los militares: coronel Byron Lima Estrada, capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del Ejército Obdulio Villanueva; el sacerdote Mario Orantes Nájera fue identificado como cómplice.