La muerte de Ronaldo Lorenzana Pineda, subjefe de operaciones de la Comisarí­a de Mazatenango, y el agente Danilo Florián, inició el camino hacia la impunidad pues el MP solicitó la clausura del proceso contra cinco detenidos.

Aunque el crimen contra los policí­as ocurrió en Suchitepéquez, el proceso abierto contra cinco supuestos autores materiales era tramitado en la capital por el juzgado Primero de Primera Instancia como un proceso de alto riesgo.

Pese al impacto de este caso, la Fiscalí­a del Ministerio Público (MP) a cargo de la investigación solicitó a la jueza Carol Patricia Flores clausurar el proceso contra los cinco posibles autores materiales del magnicidio.

El hecho ocurrió el 17 de octubre último en San Bernardino Suchitepéquez, cuando la patrulla de la Policí­a Nacional Civil identificada como: MAZ-034, daba seguimiento a un microbús, desde el cual un grupo de desconocidos desenfundaron sus armas y acertaron más de 60 disparos contra el vehí­culo de la institución policial.

Tras el suceso, las autoridades de la PNC rastrearon la ruta al Pací­fico y realizaron registros en lugares cercanos, lo que dio como resultado la captura de Dalton Nájera Dí­az, de 23 años; Amí­lcar Revolorio Aguirre, 36; Otto René Contreras Galicia, 39; Jairo Nájera Yanes, 28, y Luis Hipólito Aguilar Ramos, 33, presunto lí­der de los mencionados, según el informe policial de la fecha.

CLAUSURA

Marco Antonio Canteo, experto en temas jurí­dicos, explica que de acuerdo a la Ley, el MP solicita la clausura cuando «a pesar de sus esfuerzos de investigación no logra reunir toda la prueba para presentar acusación contra el imputado, entonces hay una justificación», sin embargo, señala: «Pero en la práctica, se pide porque no se ha hecho nada de investigación, y significa impunidad, eso habrí­a que evitarlo», enfatiza.

Amí­lcar Velásquez Zárate, fiscal General, indicó que el Fiscal de Mazatenango fue el que planteó la clausura «debido a que está pendiente que se reciban dos peritajes de ADN, un peritaje balí­stico y otras diligencias que no llegaron a tiempo pese a que se solicitó durante la investigación», justificó.

El jefe del MP añadió: «Cuando se vence el plazo de Ley el MP debe acusar, clausurar o sobreseer», sin embargo, Canteo informó que la clausura implica la libertad inmediata de los sindicados, a lo que Velásquez respondió: «Ese serí­a un riesgo, por eso el Fiscal debió valorar antes de solicitar esa diligencia», indicó.

Velásquez indicó que el Fiscal de Mazatenango sólo consultó a su superior inmediata (jefa de Delitos Contra la Vida), «pero no consultó con una autoridad superior», reconoció.