La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en conjunto con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el Instituto de Problemas Nacionales de la Usac y otras organizaciones de la sociedad civil solicitaron incrementar la inversión en educación del 2.8% del PIB –en que se encuentra actualmente– al 6%.

Esto representaría duplicar el presupuesto actual del Ministerio de Educación que actualmente es de Q12.6 millones, luego de que el Congreso de la República aprobará en enero pasado, la ampliación presupuestaria de la cartera por Q1 mil 500 millones.

Complementariamente, se exigiría que los recursos invertidos en el sistema educativo tengan un uso más eficiente y mayor impacto en logros educacionales como las pruebas estandarizadas a graduandos, por ejemplo.

Todo esto con el fin de orientar la gestión pública al servicio del aprendizaje, promover mayor responsabilidad social por la educación tanto en los oferentes como en los usuarios y sus familias, asignar un rol especifico a las escuelas en las comunidades en aras de la participación, y la urgente necesidad por mejorar los recursos humanos docentes y fomentar el compromiso efectivo de los educandos.

Enrique Maldonado, analista del Icefi, justifica que el actual financiamiento del sistema educativo en Guatemala es producto de la poca voluntad política de las autoridades, agravando problemas relacionados a sobre edad escolar, educación bilingüe y la repitencia en el nivel primario. 

“Todo esto es reflejo de la débil Política Fiscal que tenemos”, expuso el investigador.

Fuentes parlamentarias revelan que en 2013 hubo una reducción de la matricula estudiantil en 200 mil alumnos.